Tras su primera semana en el cargo con aceptables índices de aprobación, el gobierno chileno del presidente Gabriel Boric Font está ansioso por acelerar la aprobación de un proyecto de ley de amnistía para favorecer a los detenidos durante las protestas de octubre de 2019, se informó en Santiago.
Los principales sindicatos de Chile marcharon el viernes por las calles de Santiago en demanda de ayuda financiera y otros tipos de asistencia. Pero a pesar de llevar mascarillas y tener permisos para circular en cuarentena, fueron detenidos en las puertas del palacio presidencial de La Moneda cuando intentaban entregar una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera, que, sin embargo, llegó a destino.
Organizaciones chilenas y de derechos humanos junto con el ex juez español Baltasar Garzón presentaron el jueves una acusación ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Sebastián Piñera por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad durante las protestas de 2019, se informó.
En pocas horas que el presidente chileno Sebastián Piñera declarara en una entrevista con el diario español El País que ha recibido información de origen externo que dice que hubo intervención de Gobiernos extranjeros en el estallido de la crisis social, durante la noche del sábado.
La Mesa de Unidad Social de Chile, que reúne a más de un centenar de organizaciones sociales, llamó a realizar este lunes un “superlunes” de marchas, concentraciones callejeras y cacerolazos en todo el país, que vive un estallido social desde hace más de dos semanas.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, pidió “perdón” a sus compatriotas y anunció un conjunto de mejores remunerativas y tarifarias como parte de una “agenda social de unidad nacional” con la que procura desactivar las protestas que se cobraron al menos 16 muertos en los últimos cinco días.