
Dos migrantes latinoamericanos murieron por disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en el plazo de una semana, en operaciones en las que, según reconocieron autoridades federales y legisladores, ninguno de los dos era el objetivo buscado. Las muertes reavivaron las protestas y los reclamos de rendición de cuentas sobre la política migratoria del presidente Donald Trump.

Paolo Zampolli, exagente de modelos y enviado especial del presidente Donald Trump, contactó a un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en junio de 2025 para solicitar que su expareja brasileña, Amanda Ungaro, fuera puesta bajo custodia migratoria mientras se encontraba detenida en una cárcel de Miami por cargos de fraude. Zampolli y Ungaro mantenían una disputa por la custodia de su hijo adolescente.

La representante conservadora colombiana Ángela Vergara denunció que su hijo, Rafael Alfonso Vergara, de 22 años, permanece detenido en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que llevaba “18 días encarcelado y encadenado” al momento de su primera denuncia pública.

Dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) fueron puestos en licencia administrativa mientras avanza una investigación conjunta con el Departamento de Justicia (DOJ), después de que nuevas pruebas en video contradijeran parte del relato oficial sobre un operativo en Mineápolis en el que un venezolano recibió un disparo en la pierna.

Manifestantes volvieron a concentrarse en Minneapolis para exigir explicaciones tras la muerte a tiros de Alex Pretti, un enfermero de 37 años y ciudadano estadounidense, durante un operativo de control migratorio encabezado por agentes federales. La secuencia, registrada en múltiples videos y bajo revisión pericial, abrió un nuevo frente político entre el gobernador Tim Walz y la Administración Trump, en medio de un debate nacional sobre las llamadas “ciudades santuario” y el alcance de la cooperación local con las autoridades migratorias federales.