Desde el 1 de mayo se aplica el acuerdo comercial interino, firmado en enero, que cubre la liberalización del comercio y la inversión Seis meses después de que empezara a aplicarse de forma provisional, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, suma beneficios previstos para ambos bloques, el rechazo de parte del sector agrario europeo y una incógnita jurídica: el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre su legalidad, que puede tardar hasta comienzos de 2028.
Desde el 1 de mayo se aplica el acuerdo comercial interino, firmado en enero, que cubre la liberalización del comercio y la inversión. Según el análisis publicado por El País, Mercosur eliminará aranceles sobre el 91% de las importaciones procedentes de la UE y la UE sobre el 92% de las del Mercosur, de forma gradual. La Comisión Europea precisó que se aplica a los países del bloque sudamericano que completaron su ratificación. El Acuerdo de Asociación, más amplio y político, debe ser ratificado por los 27 Estados miembros. El 21 de enero, el Parlamento Europeo pidió por 334 votos contra 324 que el tribunal revise el acuerdo. La Comisión consideró entonces que esas dudas no estaban justificadas, y la aplicación provisional continúa mientras tanto.
Sus defensores destacan un ahorro arancelario de unos 4.000 millones de euros y un mercado de más de 700 millones de consumidores. BBVA Research estima que el comercio bilateral crecerá un 40% cuando concluya el plazo de implementación, de 16 años. Para el Mercosur, las estimaciones que recoge el diario apuntan a un impulso de hasta medio punto del PIB en Argentina y de uno y medio en Brasil.
Hay también sectores perjudicados. Según el economista de BBVA Research Juan Ruiz, en Europa serán la ganadería extensiva de carne, el azúcar y el bioetanol, y en el Mercosur, la industria y las manufacturas. El acuerdo prevé cuotas cerradas para vacuno y aves, salvaguardas si los precios caen más de un 5% y una reserva de 45.000 millones de euros para compensar al sector agrario europeo. Ruiz reconoce que esas protecciones “distorsionan el mercado”, pero ofrecen tiempo para adaptarse. La organización agraria española ASAJA sostiene que no puede hablarse de “competencia justa” mientras se firman acuerdos con países que no garantizan plenamente el cumplimiento de los estándares comunitarios.
Ese debate se reavivó el 3 de septiembre, cuando la Comisión suspendió las importaciones de carne, huevos y miel de Brasil por el uso de antibióticos incompatible con la normativa europea, a la espera de una auditoría. Para los especialistas consultados, la medida demuestra que la protección funciona. “Ha habido mucha desinformación en el sector agrícola, que es el más protegido del mundo y no tiene nada que temer”, afirmó Juan Moscoso del Prado, de EsadeGeo.
La incertidumbre jurídica preocupa a las empresas. “Subsiste la incertidumbre derivada de la situación jurídica del acuerdo, que por el momento impide a las empresas planificar”, señaló Mar Guardiola, directora del área fiscal de Andersen. Su colega Rafael Ripoll recordó que no se ha pedido la nulidad, sino un dictamen sobre tres aspectos, y que la fórmula de dividir el tratado en dos ya se utilizó con el acuerdo con Canadá.
En el plano geopolítico, Moscoso del Prado considera que es un acuerdo “claramente alternativo al modelo que imponen tanto EE UU como China”. Los expertos admiten que llega con retraso, porque China lleva la delantera comercial en bienes, pero sostienen que no está obsoleto.