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Argentina, a la espera de la Corte Suprema tras el cierre del caso YPF en primera instancia
condena de Preska, que con intereses superaba los 18.000 millones de dólares, era la mayor impuesta a un Estado en la historia de los tribunales estadounidenses La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó sin efecto su sentencia de 2023, que condenaba a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de la petrolera YPF, y cerró formalmente el expediente en primera instancia. El futuro del caso depende ahora de que la Corte Suprema de Estados Unidos acepte o rechace revisarlo, como pidió a comienzos de octubre el fondo Burford Capital.
La resolución de Preska incorpora el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que el 27 de marzo revocó la condena. Fuentes de la Procuración del Tesoro argentina dijeron al diario Infobae que se trata de un paso “meramente procesal” que el Gobierno esperaba. En su decisión, los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes, sostuvieron que el derecho argentino de expropiación excluye reclamos como los de los demandantes y que el estatuto de una sociedad no constituye un contrato que habilite ese tipo de indemnizaciones. También anularon la orden que obligaba a Argentina a entregar sus acciones de YPF. En junio, el tribunal en pleno rechazó revisar el caso.
Burford, que financia el litigio y adquirió los derechos de los exaccionistas minoritarios Petersen y Eton Park, calificó el fallo de apelación de “gravemente erróneo, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”. La Corte Suprema no está obligada a tomar el caso: recibe entre 7.000 y 8.000 pedidos por período y suele aceptar unos 80, y no tiene un plazo para decidir. Burford también ha iniciado acciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial.
La condena de Preska, que con intereses superaba los 18.000 millones de dólares, era la mayor impuesta a un Estado en la historia de los tribunales estadounidenses. El litigio se originó en la expropiación del 51% de YPF en 2012, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “Vamos a seguir ejerciendo la defensa de los intereses del Estado”, señalaron fuentes oficiales.
