El programa, presentado el 2 de octubre en París por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se basa en un decreto de necesidad y urgencia de mayo de 2025
El programa de ciudadanía por inversión lanzado por el Gobierno de Javier Milei, que permite a extranjeros obtener la nacionalidad argentina a cambio de un aporte de 350.000 dólares al Tesoro o de la compra de un bono de 800.000 dólares, enfrenta cuestionamientos de constitucionalistas y de la oposición, que intenta frenarlo en el Congreso.
El programa, presentado el 2 de octubre en París por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se basa en un decreto de necesidad y urgencia de mayo de 2025. Prevé además pagos adicionales de 100.000 dólares por el cónyuge y por cada hijo de entre 18 y 25 años, y de 25.000 por cada menor de edad, de modo que una familia con dos hijos menores pagaría 500.000 dólares.
“La Constitución nacional, en su artículo 20, es muy clara: la ciudadanía argentina por naturalización se obtiene con dos años de residencia o con la prestación de algún servicio excepcional al país. No admite una compra de ciudadanía”, sostuvo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en declaraciones al diario El País. A su juicio, el decreto no cumple los requisitos de necesidad y urgencia que permiten al Ejecutivo sustituir al Congreso y la medida es “totalmente discriminatoria en función de la posición económica”. Según ese diario, la justicia ya declaró nulo el decreto en dos casos particulares.
En el Congreso, la oposición presentó pedidos de informes y proyectos de derogación. “Es inadmisible que Argentina ponga en venta su ciudadanía”, dijo el diputado peronista Agustín Rossi, exministro de Defensa, que calificó la propuesta de “clasista” y sostuvo que busca atraer a multimillonarios que quieren evitar las limitaciones que rigen para los extranjeros, como en la compra de tierras.
El Gobierno defiende que el programa “incentivará las inversiones y la generación de empleo” y que los fondos se destinarán a fortalecer la posición fiscal del país. Caputo atribuyó el interés de los inversores a “una situación geopolítica argentina óptima, particularmente en un mundo en conflicto”, y aseguró que los solicitantes serán sometidos a un proceso de evaluación “riguroso” de su identidad, sus antecedentes penales y el origen de sus fondos.
En el anuncio participaron representantes de cinco empresas privadas especializadas en programas de residencia y ciudadanía por inversión —Latitude Group, Arton Capital, Apex Capital Partners, Passport Legacy y AIM Global—, que informaron que conformaron un consorcio y firmaron en mayo un acuerdo de colaboración técnica no remunerado con la agencia del Ministerio de Economía que gestiona el programa.
Argentina sería el primer país sudamericano con un programa de este tipo.
El programa, presentado el 2 de octubre en París por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se basa en un decreto de necesidad y urgencia de mayo de 2025 
