Maduro y Flores, detenidos tras una operación estadounidense en Caracas y recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, se han declarado inocentes de todos los cargos La fiscalía federal de Estados Unidos presentó el jueves nuevos cargos de tortura y represión contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que se suman a la causa por narcotráfico y narcoterrorismo que ambos enfrentan en un tribunal de Nueva York. El mismo día, el juez denegó el arresto domiciliario solicitado por Flores por razones de salud.
Según la acusación, entre 1999 y 2025 Maduro, Flores y altos funcionarios de su entorno “crearon y mantuvieron un violento sistema de represión” en Venezuela, en el que miles de personas fueron detenidas, torturadas o asesinadas por agentes del Estado. La fiscalía sostiene que Maduro “presidió este sistema”, “ordenó la detención y tortura ilegal de determinadas personas” y recibió informes sobre prisioneros concretos, y que Flores contribuyó a desarrollarlo. El escrito atribuye un papel a los llamados colectivos —grupos civiles armados afines al chavismo—, a la guerrilla de las FARC y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Los nuevos cargos se basan en el testimonio de al menos tres exaltos cargos del Gobierno de Maduro, identificados en el documento con códigos, que afirman haber supervisado o participado en torturas, entre ellas contra al menos tres ciudadanos estadounidenses. Según la acusación, las víctimas sufrieron golpizas, simulacros de ahogamiento y descargas eléctricas. El exjefe de inteligencia militar Hugo Carvajal, coacusado en la causa por narcotráfico, se declaró culpable en 2025 y se ofreció a testificar.
Maduro y Flores, detenidos desde el 3 de enero tras una operación estadounidense en Caracas y recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, se han declarado inocentes de todos los cargos. Su defensa pide que se les reconozca inmunidad como jefe de Estado. La fiscalía responde que Estados Unidos nunca reconoció a Maduro como presidente y que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no reclamó por vía diplomática ni su liberación ni su inmunidad. La cuestión se tratará en una audiencia el 17 de noviembre; el juicio está previsto para el 1 de junio de 2027.
La defensa de Flores alegó palpitaciones, dolor epigástrico y una pérdida de unos 11 kilos, y propuso su traslado a una residencia privada con vigilancia y brazalete electrónico. Los fiscales se opusieron por el “extremo riesgo de fuga” y señalaron que se niega a someterse a algunos exámenes médicos. El juez rechazó la petición, aunque no descartó revisarla si su salud empeora.
La misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha documentado violaciones de derechos humanos en Venezuela cometidas desde 2014.