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La contradicción argentina y el reinicio del tráfico marítimo Punta Arenas-Port Stanley
La cuestión deja de ser puramente teórica cuando se observa lo que está ocurriendo estos días en Punta Arenas. Por Andrés Montero J. (*)
Hay momentos en que las palabras de los Estados adquieren una importancia que va mucho más allá de las palabras. Este es uno de ellos.
A las puertas del reinicio de una conexión marítima comercial entre Punta Arenas y Port Stanley, aparece una contradicción que Argentina debería resolver: mientras su Cancillería sostiene que los tratados de 1881 y 1984 son plenamente vigentes y definitivos, continúa vigente un decreto de 2021 que califica al Estrecho de Magallanes como un espacio de “control conjunto”.
La contradicción no es menor.
El Decreto 457/2021, que establece la Directiva de Política de Defensa Nacional argentina, señala expresamente que uno de los “espacios compartidos” que resulta fundamental fortalecer es la “exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces”. No se trata de una interpretación periodística: esas son las palabras utilizadas por un documento oficial del Estado argentino.
Pero cinco años después, la propia Cancillería argentina ha señalado oficialmente que su posición respecto del Estrecho de Magallanes es la establecida por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, agregando que ambos instrumentos “rigen plenamente” y son considerados “definitivos” por la República Argentina.
Entonces surge una pregunta inevitable: si los tratados son definitivos, ¿qué sentido tiene mantener vigente un decreto que habla de control conjunto?
El Tratado de Paz y Amistad de 1984 reafirmaron el régimen establecido por el Tratado de 1881 y aseguró la libre navegación por el Estrecho. No parece existir, por tanto, espacio para una interpretación que transforme ese régimen en una suerte de administración compartida entre Chile y Argentina.
La cuestión deja de ser puramente teórica cuando se observa lo que está ocurriendo estos días en Punta Arenas.
Los días 28 y 29 de septiembre se reunirá allí una delegación empresarial de las Falkland con sus contrapartes chilenas. El objetivo es avanzar en la nueva conexión marítima entre Punta Arenas y Stanley, definiendo los productos, condiciones comerciales y programación de los primeros embarques. La intención es que esta conexión tenga carácter periódico y permita recuperar una relación comercial que existió durante décadas entre Magallanes y las Islas.
La nueva nave será chilena y la ruta partirá de Punta Arenas hacia Port Stanley. No se trata de un buque argentino que pretenda navegar entre un puerto continental argentino y las Falklands. Se trata de una operación comercial entre un puerto chileno y las Islas.
Pero sería ingenuo pensar que el proyecto estará libre de obstáculos.
En Argentina existen grupos vinculados a los veteranos de la guerra de las Malvinas, así como dirigentes políticos y autoridades de Tierra del Fuego y de otras zonas del extremo austral, que han manifestado una oposición frontal a cualquier iniciativa que pueda significar un acercamiento comercial entre Chile y las Falkland. Para estos sectores, la relación con las Islas está inseparablemente vinculada con la reivindicación argentina de soberanía.
Esa presión política hace prever que el reinicio de la ruta no será solamente un asunto comercial. También puede transformarse en una prueba para la diplomacia chilena.
Chile deberá estar preparado para defender con claridad los fundamentos jurídicos que permiten a un puerto chileno establecer una relación comercial marítima con Port Stanley, sin aceptar que una controversia de soberanía entre Argentina y el Reino Unido pueda extenderse artificialmente a las relaciones comerciales entre Chile y las Islas.
Y aquí la Cancillería chilena tendrá un papel especialmente importante. No se trata de provocar a Argentina ni de desconocer su histórica posición sobre las Falkland/Malvinas. Se trata de hacer valer, con firmeza y serenidad, los derechos que Chile posee conforme a los tratados internacionales y a su propia legislación.
Tampoco sería conveniente que, ante eventuales presiones de sectores políticos argentinos, la discusión se trasladara al terreno de las amenazas o de medidas que excedan las facultades que Argentina tiene conforme al derecho internacional. Cualquier intento de obstaculizar una ruta marítima chilena por razones políticas tendría que ser evaluado precisamente a la luz de los tratados vigentes y del derecho internacional aplicable.
Por eso, más que las declaraciones de unos u otros, habrá que observar qué hace finalmente el Gobierno argentino.
Argentina puede sostener su reivindicación sobre las Falkland/Malvinas. Puede expresar su desacuerdo con la relación comercial entre Chile y las Islas. Sus dirigentes pueden incluso criticar públicamente el proyecto. Pero una cosa es expresar una posición política y otra muy distinta es pretender impedir, por vías administrativas o diplomáticas, una operación comercial que se desarrolla entre un puerto chileno y Port Stanley.
La cuestión adquiere especial importancia porque el propio Gobierno argentino ha declarado que los tratados de 1881 y 1984 son definitivos.
Si esa es realmente su posición, debería actuar en consecuencia.
El extremo austral necesita más comercio, más conectividad y más cooperación, no nuevas barreras. Magallanes y las Falkland estuvieron vinculados durante décadas por el comercio y la navegación. Recuperar esa relación no es una provocación: es simplemente recuperar una ruta.
El reinicio de la conexión Punta Arenas-Port Stanley será, por ello, algo más que la inauguración de un servicio marítimo. Será también una prueba de hasta dónde llegan en la práctica los compromisos jurídicos que Chile y Argentina han asumido y de la capacidad de ambos países para separar una antigua disputa de soberanía de una relación comercial legítima.
Los tratados están vigentes. Argentina dice que son definitivos. El decreto todavía habla de “control conjunto”.
La mejor manera de terminar con la contradicción sería tan sencilla como derogar esas palabras.
(*) Andrés Montero J., empresario y columnista chileno en sus Reflexiones Australes. Escribe con regularidad en la prensa española y este en particular es del 26 de setiembre de 2026.
