Foto: REUTERS/Kylie Cooper El Reino Unido pidió incorporar al acta oficial de la Asamblea General de la ONU una declaración escrita en respuesta al discurso del presidente argentino, Javier Milei, en la que afirma que la conducta de Buenos Aires respecto de las Falklands/Malvinas “es totalmente incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y no es la conducta que esperamos de una democracia”.
El texto, difundido por la misión británica ante el organismo, se presentó bajo el tema ocho del programa del 81° período de sesiones, después de que Milei se refiriera el miércoles a la soberanía sobre el archipiélago y sobre las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur. Es el mismo procedimiento que Londres empleó en 2012 para replicar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El documento sostiene que el Reino Unido no tiene dudas sobre su soberanía sobre ambos territorios y las aguas circundantes, y que mantiene su respaldo al derecho de autodeterminación de la población del archipiélago, recogido en la Carta de la ONU y en el artículo 1 de los dos pactos internacionales de derechos humanos. Afirma que Argentina sigue negando que ese derecho humano fundamental se aplique a esos habitantes y que busca activamente oportunidades en foros internacionales para afirmar su reclamo.
The United Kingdom has no doubt about its sovereignty over the Falkland Islands.
— UK at the UN (@UKUN_NewYork) September 23, 2026
Our statement in response to the Argentine General Assembly Statement regarding the Falklands: pic.twitter.com/eWw8aS2MDI
La declaración responde punto por punto al argumento jurídico expuesto por Milei. Sostiene que la resolución 2065 de la Asamblea General no prohíbe el desarrollo económico ni desplaza el derecho de autodeterminación, y que la resolución 31/49 tampoco limita ni elimina el derecho de los habitantes a determinar libremente su estatus político y a procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural. Añade que los llamados a negociar no modifican ni diluyen la obligación de las naciones de respetar el derecho jurídicamente vinculante de autodeterminación. Son posiciones del Gobierno británico, disputadas por Argentina.
Sobre el conflicto en curso con las empresas petroleras, el texto afirma que los esfuerzos por obstruir y hostigar a compañías internacionales vinculadas a los hidrocarburos del archipiélago y a otras industrias son un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y no tienen justificación alguna en el derecho internacional, y los describe como obstructivos para los negocios globales e incompatibles con el libre comercio. Sostiene además que el desarrollo hidrocarburífero es una actividad comercial legítima regulada por la legislación del gobierno del archipiélago conforme a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, y que el derecho interno argentino no se aplica allí.
El documento aporta un dato sobre el referéndum de 2013 que Londres no suele destacar: además del 99,8% de votos a favor de mantener el estatus actual, con una participación del 92%, la consulta fue supervisada por observadores independientes de Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y tres países sudamericanos: Uruguay, Chile y Brasil.
La declaración cierra una secuencia de cuarenta y ocho horas. El martes, el primer ministro Andy Burnham incluyó al archipiélago entre los desafíos al Estado de derecho en su discurso; esa misma noche, el canciller argentino Pablo Quirno ejerció el derecho a réplica ante el plenario y sostuvo que la ocupación británica ilegal de las islas se remonta a enero de 1833, cuando se expulsó a las autoridades y a la población argentina establecida. El miércoles habló Milei, y horas después llegó el texto británico.
Argentina mantiene 60 procedimientos administrativos abiertos sin sanción aplicada y tres denuncias penales que alcanzan a diez empresas y sus directivos. Ninguna imputación ha sido probada.