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Milei alcanza 166 designaciones judiciales en un año y anuncia una reforma de los tribunales federales
Los decretos publicados el 8 de septiembre en el Boletín Oficial oficializaron 63 nombramientos: 42 magistrados, nueve fiscales y doce defensores, que se suman a 103 anteriores El presidente argentino, Javier Milei, firmó la semana pasada una nueva tanda de nombramientos judiciales con la que su gobierno alcanzó 166 designaciones de jueces, fiscales y defensores públicos en un año, según el recuento difundido por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien lo presentó como una cifra récord.
Los decretos publicados el 8 de septiembre en el Boletín Oficial oficializaron 63 nombramientos: 42 magistrados, nueve fiscales y doce defensores, que se suman a 103 anteriores. El ministro no acompañó el listado completo ni la serie histórica con la que compara, ni precisó si el período corresponde al año calendario o a doce meses corridos, de modo que el total y su condición de récord son cifras anunciadas por el Gobierno, pendientes de comprobación documental.
La designación de magistrados en Argentina sigue un circuito de varias etapas. El Consejo de la Magistratura concursa los cargos y elabora una terna vinculante; el Ejecutivo elige entre esos tres candidatos y eleva el pliego al Senado, que lo evalúa en audiencia pública y vota; finalmente el presidente formaliza el nombramiento por decreto. El Senado aprobó 177 pliegos en total, de los cuales 67 el 27 de agosto, en la tercera tanda desde que Mahiques asumió el cargo en marzo. La mayoría se aprobó por unanimidad, con votos de la oposición, lo que generó críticas internas en el peronismo.
Mahiques sostuvo que la cobertura acelerada de vacantes permite aliviar la carga de los tribunales y agilizar los plazos procesales, y mencionó al presidente y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en su publicación.
Dos organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia cuestionaron el procedimiento. Celeste Fernández, codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, afirmó que hubo “un cúmulo de irregularidades” en todas las instancias de selección, y señaló que en la entrevista oral algunos candidatos con baja calificación escrita ascendieron numerosos puestos. La organización también objetó que el Ejecutivo combinara integrantes de distintas ternas o eligiera a más de uno de la misma, y presentó una denuncia judicial que alcanza a catorce magistrados. Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales, sostuvo que se trata del proceso de nombramientos más numeroso de los últimos tiempos y advirtió sobre conflictos de intereses y falta de independencia.
En los últimos días, varias resoluciones judiciales favorecieron al Gobierno y a dirigentes afines. La Cámara Federal de Buenos Aires apartó a los querellantes en la causa por la presunta estafa con una criptomoneda que involucra al presidente, confirmó el cierre de un expediente contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por negociaciones incompatibles con la función pública, y ratificó la clausura de otra causa contra Macri, Caputo y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por un préstamo del Fondo Monetario Internacional en 2018. Un juez archivó además el expediente por el ingreso de diez valijas sin control aduanero en un avión privado. Ninguna de esas imputaciones fue probada. No se ha establecido que los magistrados intervinientes formen parte de la tanda de designaciones.
Mahiques anunció que impulsará una reforma de la justicia federal orientada a reducir el número de tribunales de Buenos Aires, donde se concentran las causas por corrupción de funcionarios nacionales. El Gobierno también buscará cubrir las dos vacantes pendientes de la Corte Suprema.
