MercoPress. South Atlantic News Agency
Argentina investiga a 60 personas y empresas por las Falklands/Malvinas sin difundir los nombres
Ninguno de los 60 ha sido sancionado: se trata de sumarios en etapa inicial, y las responsabilidades se determinarán al cierre de cada expediente El Gobierno argentino elevó a 60 el número de personas y empresas alcanzadas por procedimientos administrativos vinculados a la actividad petrolera en aguas próximas a las Falklands/Malvinas, tras disponer la apertura de expedientes contra otros 15 sujetos cuya identidad no dio a conocer.
La medida fue comunicada el martes por la Oficina del Presidente, en un texto firmado por Javier Milei, y se apoya en el artículo 2° de la Ley 26.659, que prohíbe desarrollar, financiar o prestar servicios a actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. Los nuevos expedientes se suman a los 45 iniciados días antes. El comunicado no identificó a los alcanzados ni detalló las conductas atribuidas a cada uno. Ninguno de los 60 ha sido sancionado: se trata de sumarios en etapa inicial, y las responsabilidades se determinarán al cierre de cada expediente.
El criterio contrasta con el de la primera tanda. El 4 de septiembre, al anunciar los 45 procedimientos iniciales, el Gobierno difundió la nómina completa, que incluía a Navitas Petroleum Development, Navitas Petroleum Atlantic, Rockhopper Exploration, Borders & Southern Falkland Islands, JHI Associates y la proveedora Noble Corporation, junto con accionistas y fondos de inversión como AP Moller Holding, First Eagle Investment Management, Vanguard, Dimensional Fund Advisors y la consultora Netherland, Sewell & Associates. El listado abarcaba firmas y personas de al menos ocho países.
El procedimiento quedó definido por el Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, que designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la ley. Ante indicios suficientes, el organismo dispone la apertura del sumario y notifica al presunto infractor, que cuenta con diez días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas. Una resolución fundada puede luego archivar las actuaciones o aplicar las sanciones previstas, que van de multas equivalentes a entre 15.000 y 1,5 millones de barriles de petróleo hasta inhabilitaciones de cinco a veinte años, decomiso de equipos y reversión de concesiones en territorio argentino. El esquema contempla además excluir a las firmas alcanzadas del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones.
“La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, señaló el comunicado, que reafirmó que las islas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes “son de todos los argentinos” y que “nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”. El Ejecutivo agregó que agotará todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance.
El universo bajo observación es considerablemente mayor. El canciller Pablo Quirno afirmó el 4 de septiembre ante empresarios en Puerto Iguazú que el Gobierno había notificado a unas 180 compañías de 29 países. Quirno adelantó también que la reforma legal que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso, además de endurecer los castigos, incluiría una vía de salida para las empresas que abandonen operaciones en el archipiélago y quieran volver a trabajar en Argentina.
Los sumarios administrativos corren en paralelo a una vía judicial distinta: la denuncia penal presentada esta semana ante la justicia federal contra cinco sociedades vinculadas al proyecto Sea Lion. Ninguna de las imputaciones, en cualquiera de las dos vías, ha sido probada. Navitas no respondió a las acusaciones y un vocero de Rockhopper declinó comentar; ambas compañías han sostenido que operan con licencias válidas emitidas por el gobierno autónomo de las Falklands, que Argentina no reconoce.
La soberanía del archipiélago, territorio británico de ultramar, permanece en disputa. En un referéndum celebrado en 2013, el 99,8% de los residentes votó por mantener ese estatus. La ministra del Foreign Office Kirsty McNeill dijo el martes en la Cámara de los Comunes que no puede haber dudas sobre el compromiso británico con los isleños y que la producción de hidrocarburos es una decisión comercial del gobierno local y de las empresas involucradas.
