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Argentina denuncia penalmente a Navitas: sin respuesta de la empresa que opera en Falklands y acciones en baja

Miércoles, 9 de setiembre de 2026 - 08:06 UTC
Navitas no respondió a la denuncia.Tras el anuncio inicial del presidente Milei, la compañía había señalado que no esperaba que esas declaraciones tuvieran un efecto sobre el desarrollo del proyecto Navitas no respondió a la denuncia.Tras el anuncio inicial del presidente Milei, la compañía había señalado que no esperaba que esas declaraciones tuvieran un efecto sobre el desarrollo del proyecto

El Gobierno argentino formalizó este martes una denuncia penal contra la petrolera israelí Navitas Petroleum y otras cuatro empresas por la exploración de hidrocarburos en aguas próximas a las Falklands/Malvinas, sin que la compañía se haya pronunciado sobre la acusación y en medio de una caída en la cotización de las firmas involucradas.

La presentación, realizada ante la justicia federal por el canciller Pablo Quirno con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de sus directores, gerentes, administradores y representantes. Según el comunicado de la Oficina del Presidente, tres de esas sociedades cuentan “presuntamente” con licencias otorgadas por el que califica como “ilegítimo gobierno del Reino Unido” para operar en la cuenca norte del archipiélago. El Gobierno sostuvo que la denuncia constituye una acción para proteger los recursos naturales y la soberanía argentina. Las imputaciones no han sido probadas.

La denuncia invoca la Ley 26.659, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que prohíbe participar, financiar o prestar servicios a actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina y habilita inhabilitaciones de hasta 20 años. Esa misma norma fue aplicada en 2022 contra Navitas por el gobierno de Alberto Fernández, que la inhabilitó por dos décadas, junto con sanciones a otras operadoras. Argentina ya había declarado clandestina la actividad en la zona en 2012 y presentado una denuncia similar en 2015; ninguna de esas medidas detuvo el proyecto.

Navitas no respondió a la denuncia. La semana pasada, tras el anuncio inicial del presidente Javier Milei, la compañía había señalado que no esperaba que esas declaraciones tuvieran un efecto material sobre el desarrollo del proyecto ni sobre su cronograma. Un vocero de Rockhopper, socia británica con el 35%, declinó comentar y remitió las consultas a Navitas. Ambas empresas han sostenido que operan con licencias válidas emitidas por el gobierno autónomo de las Falklands, que Argentina no reconoce. Rockhopper no figura entre las sociedades denunciadas.

Navitas, cotizada en Tel Aviv, opera y controla el 65% de Sea Lion, un yacimiento situado unos 220 kilómetros al norte de las islas, con reservas estimadas en 1.700 millones de barriles. La primera fase, aprobada por ambas socias el año pasado, prevé iniciar la extracción en 2028 a un ritmo de 50.000 barriles diarios.

El impacto más inmediato se registró en el terreno financiero y en la cadena de proveedores. Las acciones de Navitas y Rockhopper acumulaban una caída superior al 14% desde el discurso presidencial, según cotizaciones difundidas por medios argentinos, mientras la Cámara de Servicios Petroleros CASEPE anunció que sus empresas asociadas no participarán en Sea Lion.

En su mensaje del jueves pasado, Milei describió la extracción de crudo en el archipiélago como un peligro para la soberanía argentina y desestimó el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los residentes votó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar. El mandatario argumentó que los isleños habitan un territorio “usurpado” y que, por lo tanto, carecen de derecho legítimo a la autodeterminación. Ese mismo día anunció la reactivación del plan para construir una base naval en Ushuaia, y el lunes instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, a priorizarla en el Presupuesto 2027.

El Reino Unido respondió el martes en la Cámara de los Comunes. La ministra del Foreign Office Kirsty McNeill afirmó que no puede haber dudas sobre el compromiso británico con los isleños y describió la producción de hidrocarburos como “una decisión comercial” del gobierno de las Falklands y de las empresas involucradas, y agregó que el futuro del archipiélago corresponde definirlo a sus propios habitantes.

La soberanía sobre las islas permanece en disputa entre Londres y Buenos Aires más de cuarenta años después de la guerra de 1982.