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Estados Unidos aplaza las entrevistas de visado de residencia en todos sus consulados
La medida afecta principalmente a los solicitantes de residencia por vía familiar y laboral que tramitan su expediente ante un consulado El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó a sus embajadas y consulados en todo el mundo reprogramar las entrevistas de visados de inmigrante, la categoría que corresponde a quienes tramitan la residencia permanente desde el exterior, mientras los funcionarios consulares completan un programa de formación sobre los criterios de admisibilidad.
“A principios de agosto lanzamos una iniciativa de formación global en todas nuestras embajadas y consulados. Para acomodar esta formación en profundidad, las citas para servicios de visado se ajustarán”, indicó un portavoz del organismo. El portavoz Tommy Pigott añadió que el objetivo es “garantizar que los solicitantes de visado no sean susceptibles de convertirse en carga pública, tal como se define en la legislación y la normativa estadounidenses”. El departamento no ha precisado la duración de la formación ni cuándo se reanudará la programación habitual.
La medida afecta principalmente a los solicitantes de residencia por vía familiar y laboral que tramitan su expediente ante un consulado. La información disponible no permite establecer una suspensión general de las entrevistas de visados de no inmigrante, como los de turismo, negocios o estudios, aunque la formulación oficial resulta ambigua al referirse genéricamente a los “servicios de visado”. Solicitantes con citas ya confirmadas han recibido correos electrónicos comunicándoles la reprogramación, sin fecha alternativa. Frente a la embajada estadounidense en Bogotá se registraron filas de personas que buscaban información tras la cancelación de sus citas.
La inadmisibilidad por carga pública ya forma parte de la legislación migratoria estadounidense, en la sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y permite denegar un visado cuando se determina que el solicitante podría depender de determinadas prestaciones públicas. La novedad reside en el énfasis sobre cómo los funcionarios consulares aplican ese criterio.
La decisión se inscribe en una sucesión de medidas recientes. El 5 de agosto el Departamento de Estado anunció un programa que faculta a los funcionarios consulares para exigir a determinados solicitantes la constitución de una fianza por carga pública, que en algunos casos permite superar una declaración de inadmisibilidad. En julio la Administración propuso además nuevas tasas de elevado importe para determinados visados de trabajo.
El aplazamiento llega cuatro días después de que la jueza federal Jeannette Vargas anulara, el 21 de agosto, la política que suspendía la emisión de visados de inmigrante a solicitantes de 75 países. La magistrada concluyó que el Departamento de Estado carecía de la facultad legal para adoptar esa medida, que se fundaba igualmente en el criterio de carga pública.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos han cuestionado el conjunto de medidas migratorias de la Administración por considerarlas discriminatorias y contrarias a las garantías del debido proceso.
