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Chile debate un estado de excepción de hasta ocho meses sin autorización del Congreso
El punto de mayor fricción es el control parlamentario El Gobierno de José Antonio Kast se mostró este martes dispuesto a modificar el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad que ingresó al Senado el 17 de agosto, después de que la propuesta encontrara objeciones tanto en la oposición como entre partidos de su propia coalición.
La iniciativa crea un estado de excepción constitucional de seguridad pública que el presidente podría decretar ante una amenaza grave e inminente al orden público o cuando este ya haya sido gravemente afectado. Tendría una duración máxima de 120 días y el mandatario podría prorrogarlo una vez por igual período sin recabar autorización parlamentaria, lo que suma 240 días. Solo las extensiones posteriores requerirían el acuerdo del Congreso. Durante su vigencia se podría limitar la libre circulación, el derecho de reunión y asociación, e interceptar comunicaciones.
El punto de mayor fricción es el control parlamentario. Los estados de excepción más severos que contempla actualmente la Constitución chilena —el de sitio, previsto para casos de guerra civil, y el de asamblea, para guerra externa— requieren la aprobación del Congreso dentro de los cinco días siguientes a su declaración.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, pidió retirar esa figura del proyecto y afirmó que su partido, Renovación Nacional, no la respaldará. Consideró que un quinto estado de excepción constitucional “no es necesario”. El presidente de la Unión Demócrata Independiente, el diputado Guillermo Ramírez, sostuvo que el Ejecutivo “se pasó un poco de rosca” y advirtió que “estas normas siempre terminan quedando, y mañana hay otro presidente”.
El ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Claudio Alvarado, señaló que están dispuestos a escuchar propuestas. “Otras personas nos podrán decir: nos parece excesivo los 120 días, estudiemos 30 días como es actualmente el otro estado de excepción y vamos con renovación al Congreso. Nosotros estamos abiertos a eso”, declaró a Radio Bío-Bío. El Ejecutivo también ha planteado rebajar la urgencia legislativa, que fijaba un plazo de quince días para el debate.
La reforma requiere cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio y debe pasar por las comisiones de Constitución, Defensa y Seguridad Pública. Senadores de Renovación Nacional, Evópoli y sectores no alineados han expresado reparos, por lo que el Gobierno no tiene asegurado el quórum dentro de su propio bloque.
Una encuesta de Cadem difundida el domingo registró un 49 % de desacuerdo con el nuevo estado de excepción y un 51 % partidario de que el Gobierno retire el proyecto para ajustarlo. El texto forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, que contempla ocho modificaciones constitucionales y diecinueve iniciativas legales, e incluye la creación de un registro oficial de organizaciones criminales con rango constitucional.
