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Un informe crítico sostiene que el régimen de incentivos argentino concentró la inversión en minería y petróleo
En febrero, un decreto incorporó al régimen los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, prorrogó el plazo de adhesión hasta julio de 2027 y flexibilizó las condiciones El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), creado en Argentina en 2024, “consolidó un perfil fuertemente extractivo y no dinamizó nuevos sectores”, según un informe difundido este miércoles por el Observatorio RIGI, una coalición de organizaciones civiles y centros académicos que analiza el esquema desde una perspectiva crítica.
El régimen otorga durante treinta años beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares en sectores considerados estratégicos. Según los datos oficiales que recoge el informe, 44 proyectos han solicitado su adhesión por 198.979 millones de dólares, de los cuales 21 fueron admitidos por un total de 46.708 millones. Entre los aprobados, doce corresponden a minería, cinco a petróleo y gas y los cuatro restantes a energía, infraestructura y siderurgia. De los 23 proyectos en evaluación, trece son de hidrocarburos y siete de minería. Otros registros consultados arrojan cifras inferiores para períodos anteriores.
El documento señala que las inversiones se concentran en petróleo, cobre, gas y litio, mientras que actividades incluidas entre los objetivos declarados del régimen —turismo, forestoindustria y energías renovables— registran una participación marginal o no presentan proyectos. Advierte además que menos de la mitad de las iniciativas corresponde a capital extranjero.
En febrero, un decreto incorporó al régimen los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, prorrogó el plazo de adhesión hasta julio de 2027 y flexibilizó las condiciones para ampliar proyectos ya admitidos. Según el informe, ello extendió un esquema excepcional a la formación de Vaca Muerta, que ya registraba niveles récord de inversión, producción y exportaciones y contaba con políticas de promoción previas. Tras el decreto aumentaron las presentaciones, en su mayoría vinculadas a esa cuenca.
El texto sostiene también que el período coincidió con un retroceso en materia de regulación ambiental, y cita una reforma de la Ley de Glaciares que, según los autores, permite actividad minera en las proximidades de los campos de hielo.
Sobre el costo fiscal, el Centro de Economía Política Argentina lo estimó en unos 1.069 millones de dólares anuales cuando los proyectos aprobados entren en plena operación, entre 2029 y 2033. En respuesta a un pedido de acceso a la información pública, el Gobierno informó de que los doce primeros proyectos admitidos prevén desembolsos por 1.920 millones de dólares en sus dos primeros años.
El Ejecutivo tramita en el Congreso un nuevo régimen, denominado informalmente “súper RIGI”, dirigido a actividades sin desarrollo previo en el país, entre ellas centros de datos e inteligencia artificial, con un piso de 1.000 millones de dólares. Contempla una alícuota del 15 % en el impuesto a las ganancias, amortización acelerada y eliminación de los derechos de exportación desde el inicio. El Observatorio sostiene que no corregiría los desequilibrios del esquema vigente.
