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La Justicia ordena restituir a Cristina Kirchner la pensión por viudez
La restitución alcanza únicamente a la pensión derivada del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner volverá a cobrar desde agosto una pensión por viudez de unos 15,7 millones de pesos brutos mensuales (alrededor de 12.000 dólares al cambio oficial), tras una medida cautelar de la Justicia previsional que ordenó restablecer de forma provisoria el beneficio, suspendido a fines de 2024 después de su condena por corrupción.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) notificó que cumplirá la orden a partir del beneficio correspondiente a agosto, aunque aclaró que seguirá apelando la decisión ante la Corte Suprema. El pago tiene carácter provisorio, no incluye montos retroactivos ni intereses y se mantendrá hasta que la Justicia resuelva el fondo del caso: si fue válida la decisión administrativa de dar de baja la prestación.
La restitución alcanza únicamente a la pensión derivada del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. La otra asignación que la exmandataria percibía —la vitalicia por haber ejercido la Presidencia, prevista, como la anterior, en la ley 24.018— continúa suspendida. Ambos beneficios habían sido dados de baja en noviembre de 2024, tras la condena de Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. En ese proceso, la Corte Suprema dejó firme una pena de seis años de prisión —que cumple bajo arresto domiciliario— e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social habilitó el pago provisorio en febrero, al considerar que la prestación tiene carácter alimentario, y sin pronunciarse a fondo sobre el efecto de la condena penal en el cobro de beneficios previsionales. Para acceder a la restitución, la expresidenta prestó una caución juratoria, un compromiso de devolver los fondos si la resolución definitiva le resulta adversa. La ANSES había reclamado una garantía patrimonial de mayor alcance, que el tribunal consideró innecesaria.
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, cuestionó la medida y dictaminó que la Corte Suprema debería intervenir. Según su criterio, la condena penal implica la imposibilidad de percibir este tipo de ingresos y mantener la cautelar afectaría el principio de cosa juzgada. El máximo tribunal aún no definió si tomará el caso.
El expediente reavivó un debate recurrente en Argentina sobre las asignaciones especiales para exmandatarios. El entorno de Fernández de Kirchner sostiene que se trata de un derecho previsional adquirido, mientras que sectores críticos objetan el mantenimiento de estos beneficios, en particular tras una condena firme.
