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A seis meses de la captura de Maduro, vence el mandato interino de Rodríguez tras el sismo
La captura de Maduro derivó en una reconfiguración del poder encabezada por Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional Seis meses después de la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Venezuela afronta una encrucijada institucional: el mandato interino de 180 días de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez —otorgado tras la salida de Maduro en enero—, estaba previsto que expirara este viernes, sin que estuviera claro qué ocurriría después. La incertidumbre se agrava por el doble terremoto del 24 de junio, que dejó más de 2.500 muertos según el balance oficial y que se ha convertido en la mayor prueba de gestión para el gobierno.
La Constitución venezolana establece que la ausencia del presidente sea cubierta por la vicepresidencia —el cargo que ejercía Rodríguez— por hasta 90 días, prorrogables otros 90 por la Asamblea Nacional, controlada por su partido, que puede convocar a elecciones si declara la vacancia definitiva. Diversas organizaciones sindicales convocaron protestas para este viernes por lo que consideran una “usurpación” del poder. En paralelo, Rodríguez defendió con firmeza su gestión de la emergencia y rechazó las acusaciones de una respuesta lenta, al sostener que el despliegue fue “inmediato” y que las demoras se debieron a la obstrucción de las vías por los escombros.
La captura de Maduro derivó en una reconfiguración del poder encabezada por Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, que desplazó de la primera línea a figuras históricas del chavismo. Entre los cambios más visibles figura el del exministro de Defensa Vladimir Padrino López, trasladado a la cartera de Agricultura tras once años al frente del área militar. Maduro, en tanto, permanece preso en Brooklyn, acusado de narcotráfico; se declaró inocente y su próxima audiencia está prevista para el 22 de julio.
El nuevo gobierno adoptó medidas alineadas con las demandas de Washington. Promulgó una ley de amnistía que permitió liberar a cientos de presos políticos —aunque cerca de 400 seguían encarcelados, según la ONG Foro Penal— y reformó la ley de hidrocarburos para atraer inversión extranjera al sector petrolero, lo que, sumado a la flexibilización de las sanciones estadounidenses, propició el regreso de empresas como la española Repsol. Estados Unidos, que controla los ingresos petroleros venezolanos a través de su Tesoro desde la captura de Maduro, comprometió más de 300 millones de dólares y desplegó unos 900 militares para las tareas de rescate. Analistas consultados por la cadena RTVE describieron el esquema como una relación de “cuasi tutelaje” con la administración de Donald Trump, en la que las principales decisiones responderían a orientaciones de Washington.
La transición dejó a la oposición en una posición incierta. La líder María Corina Machado, exiliada desde finales de 2025, no ha regresado al país; esta semana acusó al gobierno de “bloquear” su ingreso, mientras que, según medios estadounidenses, fue la propia administración Trump la que la disuadió de volver. Washington reconoció la victoria del opositor Edmundo González en los comicios de 2024, pero no ha contado con Machado y sondeó a otras figuras, como la exdiputada Dinorah Figuera, consideradas menos confrontacionales de cara a una eventual negociación con el chavismo.
