El proceso se desarrolla bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje y supone inversiones superiores a los 10.000 millones de dólares
El Gobierno de Javier Milei procedió este martes a la apertura de las ofertas económicas presentadas por los dos consorcios internacionales que compiten por la concesión por 25 años de la hidrovía Paraná-Paraguay, la principal vía fluvial del comercio exterior argentino, pese a la advertencia del Ministerio Público Fiscal sobre la existencia de “serias y evidentes irregularidades” que podrían derivar en consecuencias penales y administrativas. La oposición peronista ha impulsado en el Congreso un proyecto para exigir la suspensión inmediata del proceso.
Los dos finalistas son la firma belga Jan De Nul, asociada con la argentina Servimagnus, y la también belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME). La calificación técnica de ambos consorcios fue oficializada el lunes por el Ejecutivo. El proceso se desarrolla bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje y supone inversiones superiores a los 10.000 millones de dólares. La empresa que obtenga la adjudicación accederá a ingresos cercanos a los 600 millones de dólares anuales en concepto de peajes, según las condiciones del pliego, sobre un corredor por el que circula aproximadamente el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas y cargas estratégicas para Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
El viernes pasado, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, difundió un dictamen en el que alertó que en el proceso de concesión “surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos, lo cual conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales”. El organismo identificó como problemáticos la redacción de la cláusula anticorrupción, las condiciones para una eventual cesión del contrato, los límites a la posibilidad de impugnar y la fórmula de evaluación de las ofertas, calificada como “desvirtuada”. El dictamen señaló también la ausencia de una evaluación de impacto ambiental integral y deficiencias en el procedimiento de consulta pública.
La advertencia oficial llega tras un primer intento de licitación anulado el año pasado por irregularidades similares, en el que DEME había sido la única firma oferente. La PIA recordó que el procedimiento actual “repite errores expresamente mencionados en la intervención anterior”, a los que se suman “nuevas y sustanciales deficiencias”. El diputado peronista Jorge Taiana presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para exigir al Poder Ejecutivo la suspensión de la licitación y la realización de “estudios ambientales integrales”, una nueva instancia de participación ciudadana y la garantía de los principios de transparencia, concurrencia, igualdad, razonabilidad y acceso a la información pública.
La denominada Vía Navegable Troncal abarca desde la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, en el noreste argentino, hasta el Río de la Plata exterior, y constituye la principal salida marítima del Mercosur. Es la ruta fluviomarítima más relevante del país y un activo estratégico para el funcionamiento del corredor logístico regional.
El proceso se desarrolla bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje y supone inversiones superiores a los 10.000 millones de dólares 
