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Argentina vive una nueva jornada de protesta universitaria mientras el Gobierno promete diálogo tras la marcha
Los gremios docentes denuncian además la ausencia de negociaciones paritarias desde octubre de 2024. La movilización de este martes será la cuarta gran protesta universitaria de la gestión Milei Las universidades públicas argentinas protagonizan este martes la cuarta Marcha Federal Universitaria contra el ajuste presupuestario del Gobierno de Javier Milei, con epicentro en la Plaza de Mayo y movilizaciones simultáneas en las principales ciudades del país, mientras la administración nacional adelantó que se reunirá con los rectores tras la protesta para discutir el reparto de fondos destinados a hospitales universitarios. La jornada combina un paro con suspensión de clases, una amplia convocatoria opositora y un giro discursivo oficial que busca abrir un canal de diálogo sin ceder en el fondo del conflicto.
La movilización, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina y los gremios docentes y no docentes, reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en octubre de 2025 y actualmente suspendida por la Cámara de Apelaciones a la espera del fallo de la Corte Suprema. Desde el CIN sostienen que ya transcurrieron 200 días sin aplicación de la norma. La columna del Movimiento Derecho al Futuro, liderada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, partirá a las 15.30 desde Perú y Diagonal Sur; La Cámpora se concentrará en Avenida de Mayo y Tacuarí, y el radicalismo, partidos de izquierda y el Frente Renovador también confirmaron su participación. La CGT y las dos CTA se sumarán a la protesta desde las 15.
En paralelo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, defendió el reclamo de mayor transparencia en el gasto universitario y ratificó que la ley de financiamiento no puede aplicarse en los términos votados. “No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto”, afirmó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en una rueda de prensa de la que participó Infobae. Según el funcionario, los dos artículos centrales bajo análisis judicial implicarían un aumento salarial del 50% y un gasto que “el Estado no está en capacidad económica de afrontar”. Pettovello sostuvo que el Gobierno no tiene “animosidad contra la universidad pública” y que el objetivo es “hacer gasto eficiente, inteligente”.
El propio Ejecutivo anticipó la creación de una comisión integrada por los rectores de las universidades con hospitales para definir, con criterios objetivos, la distribución de un refuerzo presupuestario que hasta ahora se transfería de manera discrecional. La medida apunta a los seis hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires —Clínicas, Roffo, Lanari, Vaccarezza, Odontológico y Veterinaria—, cuyas autoridades advirtieron que disponen de recursos para 45 días y que en el Instituto Roffo las fallas de equipamiento ponen en riesgo la continuidad de los tratamientos oncológicos. El Gobierno afirma que envió en abril los 150 millones de pesos previstos para el funcionamiento, aunque retuvo más de 79.000 millones del refuerzo histórico.
Las cifras del conflicto continúan tensionando el debate público. El CIN estima en 45,6% la caída real de las transferencias a las universidades nacionales entre 2023 y 2026, mientras que los salarios del sector subieron un 158% frente a una inflación acumulada del 280%, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del 32%. Los gremios docentes denuncian además la ausencia de negociaciones paritarias desde octubre de 2024. La movilización de este martes será la cuarta gran protesta universitaria de la gestión Milei y, según los organizadores, replicará el formato federal de las anteriores con actos en cada capital provincial.
