El plan habría utilizado sicarios uruguayos por unos 40 000 dólares estadounidenses.
La Justicia argentina investiga un presunto plan para asesinar al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y a dos funcionarios judiciales federales —el juez Leandro Ríos y el fiscal José Ignacio Candiotti— con ataques que, según la hipótesis del expediente, buscaban ejecutarse durante vacaciones en Punta del Este mediante sicarios uruguayos por unos US$ 40.000.
De acuerdo con lo publicado por medios de Argentina y Uruguay, la maniobra habría sido organizada desde una cárcel entrerriana y tenía como objetivo central condicionar o frenar un juicio por narcotráfico previsto para comenzar el martes 24 de febrero en Paraná contra Leonardo Roberto Airaldi —apodado el “Gaucho narco”— y otros imputados. Las autoridades judiciales mantuvieron la fecha del debate oral y dispusieron refuerzos de custodia para los potenciales blancos.
Imagen difundida por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos (Argentina) durante un allanamiento de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.
El esquema salió a la luz a partir del testimonio de un interno que actuaba como informante, lo que derivó en medidas urgentes en la Unidad Penal Nº 9, con participación de fuerzas federales y provinciales. En los operativos se incautaron teléfonos celulares, anotaciones, documentación y estupefacientes, que pasaron a formar parte de la investigación.
Según los reportes, el plan contemplaba emboscar a Ríos y Candiotti en Uruguay, mientras que el ataque contra Roncaglia se evaluaba en territorio argentino. Un testigo citó una frase atribuida a Airaldi —“Los sicarios de Uruguay me salen dos mangos”— y describió detalles operativos del presunto intento, incluyendo el uso de dos vehículos y cal para eliminar rastros.
En Uruguay, el Ministerio del Interior se comunicó con autoridades argentinas a través de Interpol tras conocerse la investigación, aunque indicó que, por el momento, no existían confirmaciones sobre actividades locales vinculadas al caso ni personas identificadas en el país.
El episodio generó pronunciamientos de asociaciones de magistrados y fiscales en Argentina, que señalaron la gravedad de planes orientados a intimidar o atacar a operadores judiciales y advirtieron sobre el impacto en la independencia judicial y el funcionamiento institucional, en un contexto regional marcado por antecedentes de violencia contra funcionarios.
El plan habría utilizado sicarios uruguayos por unos 40 000 dólares estadounidenses. 
