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Tensiones entre Argentina y Uruguay afectan la comisión binacional del río Uruguay
La controversia se amplió con reportes en Argentina sobre presuntas irregularidades administrativas en la delegación argentina designada en 2025 por el presidente Javier Milei Una cadena de desencuentros entre las delegaciones de Uruguay y Argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) elevó la tensión interna del organismo binacional en las últimas semanas, con cruces vinculados a proyectos de infraestructura, ausencias en actos oficiales y denuncias públicas sobre el uso de fondos y viáticos.
Según El País de Montevideo, fuentes de la CARU describieron “momentos difíciles” en el vínculo con la delegación argentina, aunque señalaron que el trabajo continúa con “normalidad y cordialidad” tras una moderación del conflicto en las últimas semanas. La Cancillería uruguaya, siempre de acuerdo con el medio, dijo estar al tanto de los episodios pero evitó hacer comentarios públicos.
El mayor punto de fricción se originó por la insistencia de la delegación argentina en que la CARU firmara un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina para repavimentar —entre otras obras— la ruta nacional 136, corredor que conecta Gualeguaychú con el puente internacional hacia Fray Bentos. El planteo contemplaba una inversión de US$ 15 millones, con financiamiento propuesto desde fondos de reserva del organismo, recursos de contingencia de los puentes, partidas previstas para dragado e incluso la evaluación de un aumento de peajes.
La delegación uruguaya rechazó el proyecto alegando que una obra vial excede las competencias de la CARU. El argumento, según la prensa uruguaya, se apoyó en un informe jurídico de Cancillería que concluyó que el organismo no tiene mandato para ejecutar ese tipo de inversiones.
Un acto sin argentinos y señales de malestar
Días después del rechazo, la delegación argentina no participó de un acto por el cincuentenario del Puente Internacional General Artigas (Paysandú–Colón), realizado el 16 de diciembre en la sede de la CARU. La parte argentina justificó la ausencia por “austeridad”, pero en la delegación uruguaya se interpretó como un “desaire” ligado al episodio de la Ruta 136, según El País.
En ese contexto, la presidenta de la delegación uruguaya, Cecilia Bottino, dijo a Canal 4 de Paysandú que las autoridades deben “trascender coyunturas económicas y políticas” y avanzar en la integración, aunque reconoció que no siempre existen “las mejores condiciones de relacionamiento”.
Denuncias por viáticos y “ad honorem”
La controversia se amplió con reportes en Argentina sobre presuntas irregularidades administrativas en la delegación argentina designada en 2025 por el presidente Javier Milei. La Nación informó, citando un documento interno, que representantes argentinos impulsaron pedidos de fondos que fueron objetados por la contraparte uruguaya y que existirían aspectos que ameritan “un análisis detallado”.
Uno de los señalamientos refiere a una solicitud para que los gastos de representación de los delegados argentinos se depositen en una cuenta del Banco Nación con sede en Montevideo. Medios argentinos recogieron que los gastos de representación rondarían los US$ 8.500 mensuales por delegado, en un contexto en el que el decreto de designación mencionaba carácter “ad honorem”.
El País indicó que la delegación uruguaya no trató formalmente ese pedido por considerar que compete a la parte argentina, aunque admitió que el episodio afectó la imagen de transparencia de la gestión.
En Colón, un sector local de la Unión Cívica Radical reclamó la intervención de la Justicia para esclarecer las denuncias sobre “gastos exorbitantes”, según reportes citados por el diario uruguayo.
Telón de fondo: el debate por la planta de hidrógeno verde en Paysandú
La CARU también aparece como ámbito de referencia en el conflicto por la eventual instalación de una planta de hidrógeno verde/e-combustibles vinculada a la empresa HIF en la zona de Constancia (Paysandú), que enfrenta resistencia en la ciudad argentina de Colón. La fiscal federal Josefina Minatta presentó una denuncia en Argentina por posible daño ambiental y sostuvo que Uruguay habría incumplido el Estatuto del Río Uruguay, según Infobae.
