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Temen fraude en elecciones hondureñas
Zelaya insiste en que las grabaciones “demuestran plenamente la existencia de una asociación ilícita” para sabotear las próximas elecciones El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha emitido una advertencia sobre la integridad de las próximas elecciones en Honduras, estableciendo paralelismos con los abusos institucionales detectados en Venezuela y Nicaragua.
La “última medida inconstitucional del gobierno de la presidenta Xiomara Castro para manipular las elecciones” está empujando a Honduras hacia el autoritarismo, argumentaron los legisladores, que señalaron al fiscal general Johel Zelaya —aliado de la presidenta Castro—, quien presuntamente procesó a jueces por validar las elecciones, a pesar de un fallo de la Corte Suprema que ratificaba la inmunidad de los magistrados.
La Cámara de Representantes considera que esta acción envía un mensaje claro: los jueces electorales que no se sometan al partido gobernante enfrentarán un proceso penal. Este abuso institucional, según se percibe, podría desencadenar una crisis política y económica, provocando migraciones masivas hacia la frontera sur de Estados Unidos y creando refugios para las redes de narcotráfico.
El Comité anunció una audiencia sobre el tema para examinar las acusaciones y sus implicaciones para la región y la seguridad fronteriza de Estados Unidos. En ella participarán el candidato presidencial liberal hondureño, Salvador Nasralla, y otros líderes de la oposición, como las diputadas Fátima Mena, Maribel Espinoza y Claudia Ramírez.
La congresista republicana estadounidense María Elvira Salazar expresó su alarma ante la situación, afirmando que “la manipulación electoral y los abusos institucionales siguen el mismo patrón que destruyó Venezuela y Nicaragua”.
En Tegucigalpa, la Fiscalía confirmó la autenticidad de grabaciones de audio que sugieren una conspiración de la oposición para deslegitimar las próximas elecciones generales programadas para el 30 de noviembre.
Existe “certeza sobre la autenticidad de los archivos” divulgados inicialmente el 29 de octubre por Zelaya, quien insiste en que estas grabaciones “demuestran plenamente la existencia de una asociación ilícita entre un miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), un diputado y un miembro activo de las Fuerzas Armadas” con el objetivo de sabotear las próximas elecciones.
El audio supuestamente capta una conversación entre Cossette López, del Partido Nacional en el CNE; Tomás Zambrano, líder del partido en el Congreso Nacional; y un oficial militar no identificado.
La evidencia fue entregada a la Fiscalía por el consejero electoral Marlon Ochoa, representante del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre). La denuncia de Ochoa plantea un plan hipotético de los partidos Nacional y Liberal —conocidos colectivamente como el sistema bipartidista— para perturbar las elecciones y provocar una crisis postelectoral perjudicial para el partido Libre, que busca una segunda victoria consecutiva.
La Fiscalía especificó que un análisis pericial del audio, supuestamente realizado por una empresa internacional a solicitud de Libre, “no es vinculante para la investigación que lleva a cabo esta institución”. Además, confirmó que se basa en sus propios expertos y recursos nacionales e internacionales para su investigación oficial. “Los procesos penales se llevarán a cabo con firmeza, objetividad e independencia, garantizando que todos los responsables comparezcan ante la justicia sin privilegios ni consideraciones”, señaló la oficina de Zelaya.
Mientras tanto, la situación generó una respuesta internacional. Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Argentina, Ecuador y Paraguay solicitaron conjuntamente una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Los Estados Miembros signatarios reiteraron su firme apoyo a la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras y se hicieron eco de los riesgos señalados por la Misión, en particular la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral ejerza sus funciones organizativas y técnicas de forma independiente, sin injerencias ni presiones indebidas, de conformidad con la legislación hondureña.
Asimismo, los peticionarios instaron a todas las autoridades hondureñas competentes, incluidos los organismos electorales, judiciales y las Fuerzas Armadas, a actuar con escrupulosidad y fidelidad dentro del marco constitucional y jurídico de Honduras para garantizar la integridad del proceso electoral y salvaguardar la seguridad personal de los funcionarios electorales.
