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Bolivia promulga ley de importación privada de combustible para combatir la escasez
Arce acordó bloquear las iniciativas privadas, pero advirtió sobre un fuerte aumento de precios El presidente boliviano, Luis Arce Catacora, promulgó este lunes la denominada “Ley Corta” para abordar la escasez de combustible y garantizar el suministro de diésel y gasolina. La legislación, originada en el Comité Pro Santa Cruz y aprobada por la Asamblea Legislativa la semana pasada, ofrece una solución alternativa a la recurrente escasez de combustible.
La nueva medida introduce un régimen excepcional y temporal para que los operadores privados impulsen el suministro nacional mediante un “régimen excepcional, ágil y transparente” para la importación, el ingreso, el transporte y el despacho directo de gasolina, diésel y GLP por parte de operadores privados.
Durante un período de tres meses, se autoriza a particulares y empresas a importar diésel y gasolina para su venta en el mercado nacional.
Las empresas privadas pueden vender el combustible que importan directamente a un precio diferenciado (precio de mercado) si la petrolera estatal, YPFB, no puede cubrir el 100% del suministro. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) debe otorgar una Licencia Excepcional de Importación y Despacho Directo (LEIDD) a las gasolineras en un plazo máximo de 48 horas hábiles, eliminando los requisitos no técnicos de la ANH y la Aduana.
El combustible importado está exento del Impuesto de Transferencias (IT) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante la vigencia de la ley.
La ANH tiene la obligación de implementar mecanismos de control para evitar que el combustible subsidiado se venda como combustible importado a un precio superior. Las sanciones por acaparamiento, venta no autorizada, desviación o especulación (superior al 10% del precio declarado) incluyen la pérdida del valor de la carga, la suspensión de la licencia y la presentación de cargos penales.
Si bien el presidente Arce promulgó la ley de inmediato, expresó sus reservas sobre los efectos a largo plazo y su eficacia, subrayando que su administración ya había emitido varias regulaciones para facilitar la importación de combustible, incluyendo la autorización al sector privado para la importación tanto para autoconsumo como para la venta comercial. Señaló que actualmente 72 empresas cuentan con permisos de importación, aunque las importaciones privadas han sido mínimas (solo 45.314 m³ para consumo y 17.785 m³ para venta de enero a septiembre de 2025).
Arce insistió en que, a pesar de las “diferencias políticas y ciertas observaciones” sobre factores operativos que no se consideran en el texto, el gobierno no saboteará ni bloqueará iniciativas que podrían ayudar a resolver un problema nacional.
El mandatario lanzó una severa advertencia a la población, afirmando que la implementación de la ley de libre importación y comercialización conducirá inevitablemente a precios más altos de los combustibles en comparación con el subsidiado que se vende en las gasolineras actuales. Advirtió que este aumento generalizado tendría un efecto negativo inmediato en la economía de las familias bolivianas.
La ley es una medida de emergencia destinada a resolver la actual escasez de suministro mediante la apertura del mercado, pero pone de relieve el delicado equilibrio entre las soluciones basadas en el mercado y el mantenimiento del subsidio nacional a los combustibles.
