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Libertad de prensa bajo escrutinio en Chile
La SIP y la RELE instaron al gobierno chileno a garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo Informes internacionales recientes han presentado un panorama desolador de la libertad de prensa en Chile, señalando un contexto marcado por la violencia, el acoso judicial y las amenazas legislativas al periodismo de investigación.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este miércoles un documento que identifica “patrones recurrentes de violencia y acoso judicial” en el complejo panorama mediático chileno.
La RELE instó al Estado chileno a brindar “atención prioritaria” al tema, enfatizando la necesidad de garantizar un entorno seguro para los periodistas. Entre los problemas críticos documentados se incluyen los ataques contra periodistas por parte de agentes estatales y no estatales, con un denominador común: la “insuficiencia de mecanismos efectivos de esclarecimiento judicial” en casos individuales.
El organismo también destacó el uso de leyes penales, como demandas por difamación, contra periodistas, lo que crea un “efecto disuasorio incompatible con la democracia”. La RELE también mencionó un “patrón de intimidación” dirigido contra quienes investigan vínculos entre el crimen organizado, la corrupción institucional y las autoridades, lo que ha llevado a la creación de “zonas de silencio informativo”.
Además, se resaltó el riesgo de que los aparatos de inteligencia se utilicen para monitorear ilegalmente a periodistas que cubren asuntos de interés público, lo que afecta gravemente la protección de las fuentes.
El relevamiento detectó asimismo una persistente concentración de medios, una “precariedad estructural” debido a las restricciones económicas y regulatorias, y una creciente brecha digital.
Complementando las conclusiones de la RELE, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), tras su 81.ª Asamblea General, advirtió sobre importantes retrocesos legislativos. La SIP citó como principales preocupaciones el debate público en torno a la propuesta de “Ley Mordaza 2.0” y el lento avance de una ley de protección específica para periodistas.
El controvertido proyecto de “Ley Mordaza 2.0”, que entró en discusión en junio, busca sancionar con penas de prisión la filtración de procesos penales y su difusión en los medios de comunicación. La SIP afirmó que esta medida corre el riesgo de “criminalizar el periodismo de investigación”, en particular cuando los periodistas publican asuntos de interés público sin estar involucrados en la filtración original.
La SIP también encontró una creciente tendencia en algunos tribunales a “imponer restricciones” a la publicación de información sobre procedimientos judiciales, especialmente en casos de corrupción y lavado de dinero. Los tribunales suelen invocar la presunción de inocencia para limitar la cobertura, lo que, según la SIP, obstaculiza la investigación del Ministerio Público.
La organización con sede en Miami denunció una propuesta de reforma a la ley de cabildeo que podría “obstaculizar” el trabajo periodístico al clasificar cualquier declaración pública como “representación de intereses calificados”.
