Boluarte negó haber solicitado asilo La Fiscalía General de Perú ha presentado solicitudes para imponer restricciones de viaje a la expresidenta Dina Boluarte debido a múltiples investigaciones en curso, en particular las relacionadas con el presunto delito de aprovechamiento indebido de su cargo.
Se cree que Boluarte interfirió en los nombramientos de la agencia sanitaria EsSalud y canalizó prestaciones sociales para un amigo del médico que le habría realizado cirugías estéticas.
Además, una unidad de lavado de dinero solicitó una prohibición de viajar durante 36 meses en un caso relacionado con la presunta recaudación de fondos, posiblemente procedentes de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, destinados a pagar la multa por daños civiles del líder político Vladimir Cerrón.
Estas medidas buscan garantizar la presencia de la expresidenta en todos los procedimientos legales y posibles acusaciones, explicó el fiscal general Tomás Gálvez.
Boluarte también está siendo investigada por la muerte de 49 personas durante la represión policial y militar de varias protestas, así como por el llamado escándalo Rolexgate, tras lucir un reloj demasiado caro para sus ingresos, lo que despertó sospechas de que había aceptado sobornos del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de favorecerlo con transferencias presupuestarias. El reloj no fue declarado en su patrimonio.
Otras irregularidades a las que se enfrenta la primera mujer jefa de Estado de Perú son el posible abandono de su cargo para someterse a una cirugía estética sin informar al Congreso y el aumento inexplicable de su patrimonio entre 2021 y 2024.
También se la vincula con el caso El Cofre, relativo al presunto uso de un vehículo presidencial para transportar al fugitivo Cerrón.
Además, se está analizando un supuesto acuerdo con la predecesora de Gálvez, Patricia Benavides, para mantener al jefe de policía Raúl Alfaro Alvarado en su cargo a pesar de denuncias en su contra, posiblemente para mantener bajo control las investigaciones en curso.
Boluarte también deberá rendir cuentas por su presunto abuso de autoridad al obstruir a los fiscales que investigaban la supuesta corrupción de su hermano.
Desde su domicilio en Lima, Boluarte negó rotundamente los rumores de que se hubiera escondido o estuviera buscando asilo político en otro país, como Argentina, Brasil o Ecuador. También mencionó que su conciencia estaba limpia.