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Presentan cargos en Brasil contra el congresista Eduardo Bolsonaro
Eduardo Bolsonaro afirmó que la medida se tomó en represalia por las sanciones estadounidenses contra la esposa del juez De Moraes El Ministerio Público de Brasil (PGR) acusó al congresista Eduardo Bolsonaro de “coacción” por sus intentos de influir en un proceso judicial contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien recientemente fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.
La fiscalía acusa a Eduardo Bolsonaro y a un cómplice de “amenazar a las autoridades judiciales y de otro tipo” con el uso de sanciones estadounidenses para obtener un veredicto favorable.
La PGR argumentó que Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos desde hace meses, fue procesado por “amenazar a las autoridades judiciales y de otro tipo” con la promesa de obtener ”sanciones de las autoridades estadounidenses (...) si el juicio no finalizaba“ como deseaba su padre. Además, señaló que las amenazas fueron ”inequívocas y consistentes“ y buscaban ”someter los intereses de la República y de toda la comunidad a sus propios designios personales”.
La acusación se anunció al mismo tiempo que el gobierno estadounidense del presidente Donald Trump impuso sanciones adicionales a Brasil. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos penalizó a la esposa del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño Alexandre De Moraes y a una empresa familiar de ella en represalia por lo que califican de “persecución política” contra Jair Bolsonaro y una violación de los derechos humanos.
Además de la Sra. De Moraes, de soltera Viviane Barci, la consultora Lex - Instituto de Estudios Jurídicos, con sede en São Paulo, también fue sancionada en virtud de la Ley Magnitsky. A ella y a Lex se les prohíbe participar en cualquier actividad económica que involucre a un ciudadano o empresa estadounidense, se les congelaron sus activos en Estados Unidos y se les suspendieron las visas.
“Alexandre De Moraes es responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias y procedimientos judiciales politizados”, señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, lo acusó de “cometer graves abusos contra los derechos humanos”.
”La aplicación ilegal y lamentable de la Ley Magnitsky a mi esposa (...) viola el derecho internacional, la soberanía de Brasil y la independencia judicial“, declaró el juez De Moraes en un comunicado.
Trump ya impuso aranceles punitivos del 50% a algunas exportaciones brasileñas en represalia por lo que consideró una ”caza de brujas“ contra su aliado Bolsonaro.
El gobierno brasileño lamentó la medida, calificándola de ”intento de injerencia“ en los asuntos del país sudamericano. Eduardo Bolsonaro, a su vez, vinculó su acusación con las nuevas sanciones estadounidenses, hablando de ”persecución política“, aunque advirtió que era ”una pérdida de tiempo: no nos dejaremos intimidar“.
El influencer Paulo Figueiredo también fue acusado junto con Eduardo Bolsonaro, enfrentando ambos penas de entre uno y cuatro años de prisión. ”Los señores Eduardo Bolsonaro y Paulo Figueiredo, de forma libre, consciente y voluntaria, coordinaron acciones sucesivas y continuas destinadas a interferir en el proceso penal y en el caso con cargos pendientes de revisión contra el propio Paulo Figueiredo”, indicó el fiscal general Paulo Gonet en su escrito de 63 páginas.
