El presidente Javier Milei y su influyente hermana Karina. El viernes pasado, tras una semana electoral negativa para el gobierno de Javier Milei —que lo obligó a reestructurar su programa económico y abrir el ajustado presupuesto con vistas a las legislativas de octubre—, las Islas Falkland/Malvinas volvieron a convertirse en blanco de la frustración política argentina. Esta vez, el tema fue el desarrollo de hidrocarburos, coincidiendo además con la llegada del nuevo embajador británico a Buenos Aires.
El domingo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires —principal distrito electoral que concentra casi el 40% del padrón nacional—, Milei y su hermana Karina sufrieron un revés inesperado frente a la oposición peronista, pese a lo que anticipaban las encuestas. El resultado sacudió el programa económico de ortodoxia liberal extrema y amenaza sus chances de construir una mayoría legislativa, que hoy no posee.
Desde entonces, asesores políticos lo convencieron de revisar la estrategia con promesas de más fondos para áreas sensibles como educación, salud y discapacidad. Pero, fiel a la tradición política argentina, también apareció la oportunidad de desviar la atención con un golpe contra la industria petrolera de las Falklands. Así lo expresó un comunicado de la Cancillería:
“La Cancillería argentina reitera su más enérgico rechazo a las actividades ilegales de Navitas Petroleum Lp. en las Islas Malvinas, que opera de manera ilegítima en territorio argentino sin los permisos de exploración y explotación de hidrocarburos otorgados por la autoridad competente de la República Argentina.”
El texto recordó que toda exploración y explotación unilateral de recursos en la zona disputada contradice la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU y las resoluciones concordantes del Comité de Descolonización, que reconocen la existencia de la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido e instan a ambos gobiernos a retomar negociaciones para alcanzar “en el menor plazo posible” una solución pacífica.
La nota incluyó críticas al “ilegítimo Estudio de Impacto Ambiental” y a la “evaluación socioeconómica” del proyecto Sea Lion, así como al otorgamiento de supuestas licencias de producción y la contratación de proveedores de servicios, en línea con los recientes anuncios de Navitas sobre la recaudación de fondos para desarrollar el yacimiento en la Cuenca Norte de Malvinas.
Asimismo, denunció que estas medidas “constituyen actos unilaterales e ilegítimos del Reino Unido, incompatibles con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU”, que insta a ambas partes a abstenerse de introducir cambios en la situación mientras las islas estén bajo proceso de negociación.
La Cancillería recordó que, según la Resolución 240/2022 de la Secretaría de Energía, del 18 de abril de 2022, Navitas Petroleum fue declarada clandestina y sus actividades calificadas de ilegales por involucrarse en operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin autorización.
Finalmente, el gobierno argentino reiteró que “no reconoce competencia ni jurisdicción de ninguna autoridad distinta a la argentina para establecer condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en esas áreas” y se reservó el derecho de adoptar “todas las medidas adicionales necesarias para resguardar sus derechos soberanos e intereses”.
“La Argentina reafirma una vez más sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.”