El Congreso unicameral de Perú votó a favor de archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022.
La Comisión Permanente del Parlamento votó por 12 a 10 a favor de desestimar la denuncia, alegando pruebas insuficientes de que Boluarte y sus ministros tuvieran la intención de causar los óbitos.
El Ministerio Público acusó a Boluarte y a varios exministros de no impedir la represión policial y militar que resultó en 49 muertos y más de 250 heridos, aunque otras fuentes afirman cifras mayores.
Los críticos argumentan que la decisión garantiza la impunidad e impide que la Fiscalía realice una investigación exhaustiva. La parlamentaria de izquierda Ruth Luque afirmó que, incluso sin intención criminal directa, la presidenta debería rendir cuentas por las vidas perdidas.
Los familiares de las víctimas denunciaron la decisión, afirmando que el Congreso había dado la espalda a la población y a su sufrimiento.
Por otra parte, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, anunció que este mes se emitirá un fallo sobre la solicitud de aclaración presentada por la presidenta Boluarte sobre el alcance de las investigaciones en su contra.
Pacheco explicó que la medida definirá la frecuencia y el tenor de las actuaciones que el Ministerio Público puede realizar durante el mandato presidencial. También señaló que el fallo actual mantiene la validez de todas las pruebas ya obtenidas, las cuales podrán utilizarse una vez que concluya su mandato. La decisión del tribunal no limita la posibilidad de que el Ministerio Público realice entrevistas o revise documentos, sino que busca evitar interpretaciones contradictorias.