A pesar de las solicitudes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales, la presidenta peruana Dina Boluarte ha promulgado una controvertida ley de amnistía que favorece a militares, policías y civiles acusados o condenados por violaciones de derechos humanos entre 1980 y 2000.
Concretamente, la medida se aplica a militares, fuerzas del orden y civiles que aún no han sido sentenciados y permite la liberación de los condenados mayores de 70 años.
Quienes impulsaron la ley, incluida Boluarte, argumentan que reconoce el sacrificio de las fuerzas del Estado en la lucha contra el terrorismo y ayudará a cerrar procesos judiciales que llevan décadas en curso.
Organizaciones de derechos humanos estiman que la ley podría beneficiar a hasta 900 personas, incluyendo varios generales. En 2024, Perú aprobó otra ley que declaraba la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, a la que los críticos denominaron Ley de Impunidad.
La promulgación de la nueva ley ha recibido fuertes críticas. Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Human Rights Watch la han calificado de traición a las víctimas. Sostienen que genera impunidad para delitos graves, viola las obligaciones internacionales de Perú y niega justicia a las miles de familias afectadas por el conflicto.
En Lima, ciudadanos, activistas y familiares realizaron una sentada para protestar contra la ley y contra Boluarte, a quien acusaron de ser cómplice de criminales.