Las autoridades italianas en Roma arrestaron este martes a Carla Zambelli, congresista brasileña de extrema derecha y firme partidaria del expresidente Jair Bolsonaro. Zambelli había huido a Italia en mayo tras ser condenada a diez años de prisión en el país sudamericano.
Su arresto fue una operación conjunta entre las fuerzas de seguridad brasileñas e italianas e Interpol, y ahora enfrenta un proceso de extradición. El diputado italiano Angelo Bonelli, de la Alianza Verde e Izquierda, jugó un papel clave al informar a la policía italiana sobre la dirección de Zambelli en Roma.
Tras su arresto, Zambelli, quien también posee la ciudadanía italiana, declaró en un video que no regresaría a Brasil para cumplir su condena, prefiriendo hacerlo en Italia, un país que describió como justo y democrático. Afirmó haber decidido entregarse con la conciencia tranquila, ya que estaba resistiendo, no huyendo.
Zambelli acusó al Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil de persecución. Fue sentenciada por contratar a un hacker para infiltrarse en los sistemas informáticos judiciales durante la campaña electoral de 2022. También enfrenta otros cargos, incluido un incidente ampliamente publicitado en el que presuntamente persiguió a punta de pistola a un activista de izquierda por las calles de São Paulo.
Los expertos creen que su proceso de extradición podría demorar entre 18 meses y dos años, pero señalan que las consideraciones políticas suelen influir en estos casos. Los tribunales italianos evaluarán si sus delitos también son punibles según la legislación local. Si bien la Constitución brasileña no permite la extradición de sus propios ciudadanos, las leyes italianas difieren, como se vio en la extradición en 2015 del exdirector del Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, quien también tenía doble nacionalidad.
Los juristas sugieren que la ciudadanía brasileña de Zambelli es la principal, dada su vida y trayectoria profesional allí. También indican que es improbable que reciba apoyo político de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuyo gobierno se muestra receloso ante cualquier posible controversia relacionada con los casos de extradición.