El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó un proyecto de ley del Congreso que aumentaba el número de diputados federales de 513 a 531, publicado este jueves en el Diario Oficial de la Unión (DOU).
En un mensaje al Congreso, Lula justificó su medida, alegando que era contraria al interés público y a la Constitución. Los Ministerios de Justicia y Seguridad Pública, Hacienda, Planificación y Presupuesto, y la Procuraduría General de la República expresaron su oposición a la medida, citando diversas disposiciones legales, como la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Al prever un aumento del número de parlamentarios, la medida implica un incremento de los gastos obligatorios, sin una estimación completa del impacto presupuestario, la previsión de las fuentes presupuestarias ni medidas compensatorias, lo que afecta no solo a la Unión, sino también a las entidades federativas (Constitución Federal, art. 27). Además, el art. 6, párrafo único, del Proyecto de Ley Complementario discrepa del art. 131, IV, de la Ley de Directrices Presupuestarias 2025, ya que prevé la posibilidad de un ajuste monetario del gasto público, según un mensaje de la Presidencia.
El texto fue aprobado por los legisladores a finales de junio en respuesta a un requerimiento del Supremo Tribunal Federal (STF). El Tribunal se pronunció sobre una demanda interpuesta por el gobierno de Pará que señalaba la omisión de la Legislatura de actualizar el número de representantes según los cambios poblacionales, actualizados por el censo demográfico cada diez años. Pará argumentó que habría tenido derecho a cuatro diputados más desde 2010. La última actualización data de 1993.
El STF dictaminó entonces que el Congreso debía votar una ley para redistribuir la representación de los diputados federales en relación con la proporción de la población brasileña en cada estado y el Distrito Federal. La Constitución estipula que ninguna unidad de la Federación puede tener menos de ocho ni más de 70 diputados.
En aquel momento, los diputados no querían reducir el número de parlamentarios de algunas unidades de la Federación según criterios proporcionales. De seguirse esta regla, Río de Janeiro, Bahía, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul, Pernambuco y Alagoas podrían perder escaños.
En cambio, el proyecto de ley aprobado por la Cámara aumentó el número de escaños para los estados que han experimentado un crecimiento poblacional, lo que podría generar un costo de R$65 millones (US$11,71 millones) al año con las nuevas estructuras.
Otro impacto serían las enmiendas parlamentarias que los nuevos diputados podrían proponer en el marco del Presupuesto Federal. Además, con el aumento del número de diputados federales, el número de diputados estatales también cambiaría, según la disposición constitucional. Las asambleas legislativas deben tener el triple de la representación estatal en la Cámara de Diputados, con un límite de 36. Como resultado, el impacto en los presupuestos estatales sería de entre R$2 millones (US$0,36 millones) y R$22 millones (US$3,96 millones) al año.
Tras el veto del presidente Lula, los parlamentarios tendrán 30 días para revisar la medida y podrán confirmar o revocar el veto. De confirmarse, la redistribución de escaños la realizará el Tribunal Superior Electoral antes del 1 de octubre, de acuerdo con la decisión del STF. (Fuente: Agencia Brasil)