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Expresidente argentino Alberto Fernández imputado en escándalo de seguros
Fernández habría favorecido a un amigo corredor de seguros con la mayoría de las pólizas del gobierno El juez federal de la Ciudad de Buenos Aires, Sebastián Casanello, imputó este jueves al expresidente argentino Alberto Fernández en el llamado “Caso Seguros” por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Además, se le impuso una cuantiosa multa. Casanello también imputó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su esposa, María Cantero, quien fuera secretaria presidencial durante esos años.
En la presidencia de Fernández, la empresa de Martínez Sosa obtuvo numerosos contratos con 19 organismos públicos, acumulando una considerable cantidad de dinero en comisiones.
Una prueba clave en el caso es un informe de 662 páginas de la Procuraduría de Delitos Económicos y Lavado de Activos (PROCELAC), que demuestra que, antes de asumir la presidencia, entre 2010 y 2019, Alberto Fernández había emitido facturas a Martínez Sosa y empresas relacionadas a éste por supuestos servicios profesionales. La última factura estaba fechada apenas cuatro días antes de que Fernández asumiera la presidencia. Una vez en el cargo, Fernández firmó un decreto que permitía a corredores, como Martínez Sosa, actuar como intermediarios en la contratación de pólizas de seguros a través de Nación Seguros para organismos públicos.
El “Caso Seguros” se centra en las acusaciones de que Fernández, Martínez Sosa y otros dirigieron ilícitamente la selección de corredores de seguros e inflaron las comisiones de las pólizas contratadas por entidades públicas a través de Nación Seguros. La empresa de Martínez Sosa recibió casi el 60% de las comisiones pagadas entre 2019 y 2023.
Martínez Sosa acumuló contratos con 19 organismos públicos, incluyendo la recientemente clausurada Vialidad Nacional, la Casa de la Moneda, Corredores Viales S.A., el Fondo de las Artes y la Corte Suprema, entre otros organismos.
El “Caso Seguros” cambió de juez a principios de febrero, cuando venció el mandato de Julián Ercolini como juez subrogante del Juzgado Federal 11. Esto ocurrió en un momento clave de la investigación, pues las audiencias preliminares ya habían concluido y el magistrado estaba a punto de decidir si proseguir con el caso o sobreseerlo.
Desde entonces, Casanello revisó toda la documentación y solicitó pruebas adicionales antes de emitir un fallo definitivo sobre el fondo del caso, además de seguir otras líneas de investigación junto con el fiscal Carlos Rívolo.
