El Gobierno chileno ha descartado responsabilizarse por el traslado del piloto y ‘influencer’ estadounidense Ethan Guo, de 19 años, quien permanece con arraigo nacional en la Antártica tras aterrizar sin autorización. La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, explicó que “no existe impedimento” para que abandone el continente blanco en vuelo privado, pero será el propio Guo quien deba sufragar su traslado desde una empresa aeronáutica privada
Guo permanece en la base de la Armada en la Antártica cumpliendo medidas cautelares tras presentar un plan de vuelo falso al despegar desde Punta Arenas el pasado 28 de junio, según informó el fiscal regional Cristian Crisosto. Delpiano recalcó que el joven “llegó sabiendo dónde había una cancha de aterrizaje” y no se encontraba perdido.
En caso de decidir partir antes de que se reactive la aviación civil antártica tras el invierno, Guo deberá gestionar y costear un vuelo privado a Punta Arenas, donde seguirá sujeto a arraigo nacional durante la investigación. La decisión del tribunal además impone que firme mensualmente, según confirma la Fiscalía
Por su parte, la abogada defensora Karina Ulloa, aseguró que Guo enfrentó “complicaciones técnicas” durante el vuelo, lo que redujo su comunicación con tierra, y que intentaba explorar rutas alternas permitidas.
A escala internacional, el caso ha captado atención mediática. Fuentes como People y Flying destacaron que el joven piloto llevaba ya más de 140 días en su vuelo para recorrer los siete continentes y recaudar fondos destinados a la investigación contra el cáncer infantil.
Ethan Guo ha documentado su travesía en redes sociales, donde busca recaudar un millón de dólares para causas benéficas.
En resumen, Chile mantiene sus restricciones a través del arraigo nacional, pero no obstruye el regreso de Guo, siempre que este cubra el costo de un vuelo privado. El piloto sigue a la espera de que mejoren las condiciones climáticas antárticas para poder volver a Punta Arenas, donde enfrentará una investigación de 90 días por presunto riesgo a la seguridad aérea y falsificación de información a las autoridades aeronáuticas