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Gobierno argentino disuelve Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos
“Se ha declarado muerta la corrupción en las obras públicas”, dijo Adorni El Gobierno argentino del presidente Javier Milei anunció el lunes la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (Vialidad Nacional), la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, como parte de un esfuerzo más amplio para reducir el gasto público y combatir la corrupción en la obra pública.
La decisión, anunciada por el portavoz Manuel Adorni, se formalizará mediante un decreto en el Boletín Oficial. “Se declara muerta la corrupción en la obra pública”, declaró Adorni.
La medida generará ahorros sustanciales para las arcas nacionales y pondrá fin a décadas de despilfarro y corrupción, argumentó el gobierno libertario, citando el caso de corrupción de Vialidad que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el cual fue condenada a 6 años de prisión. “Las carreteras no se construyeron, y el dinero se fue”, declaró Adorni, tras recordar que los tribunales detectaron “maniobras fraudulentas” mediante “contratos públicos amañados, la ejecución anticipada de anticipos financieros millonarios injustificados, el abandono de obras sin penalización y prórrogas injustificadas de plazos”.
El gobierno también anunció la concesión de 9.120 km de carreteras a empresarios privados mediante la privatización de estas vías para mejorar su estado mediante inversión privada sin subsidios estatales.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) pasará a denominarse Agencia para el Control y Concesión de Servicios de Transporte Público, y supervisará las concesiones viales. “Será la autoridad encargada de la aplicación de las normas y actos administrativos relacionados con la supervisión de las concesiones viales”, explicó Adorni.
Las funciones de las agencias disueltas se redistribuirán entre esta nueva agencia, las Secretarías de Transporte y Obras Públicas del Ministerio de Economía y la Gendarmería Nacional. La Junta de Seguridad del Transporte (JST) pasará a denominarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con un alcance y un presupuesto reducidos.
Los 5184 empleados de Vialidad Nacional verán reasignadas o eliminadas sus funciones. El gobierno defiende estas medidas como constitucionales, alegando que los 65 decretos emitidos en virtud de las facultades delegadas ahorraron miles de millones de dólares anuales.
Sin embargo, los críticos expresan su preocupación por la sostenibilidad de la privatización de la infraestructura sin suficiente inversión pública ni estabilidad jurídica y económica.
Una vez publicado el decreto, se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Pasará a denominarse Agencia para el Control y la Concesión de los Servicios de Transporte Público.
Actualmente, Vialidd Nacional cuenta con 5184 agentes: 1091 en la sede central y 4053 asignados a los 24 distritos viales.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida: “Ya saben que Javier Milei tiene un dicho: prefiere una verdad incómoda a una mentira reconfortante”. Así que les pregunto: ¿prefieren un presidente que habla con suavidad y viola la Constitución, o prefieren un presidente duro pero que la cumple?
“El uso que hace el gobierno de los poderes delegados destaca por su apego a la Constitución”, añadió.
