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STF de Brasil a favor de responsabilizar a redes sociales por contenido dañino de sus usuarios
El STF afirmó que no era necesaria una orden judicial tras un requerimiento extrajudicial para retirar contenido El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió este jueves, por 8 votos a favor y 3 en contra, que las redes sociales deben rendir cuentas por cualquier contenido ilegal publicado en ellas por sus usuarios.
Tras seis sesiones consecutivas, el STF declaró inconstitucional el artículo 19 del Marco de Derechos Civiles en Internet (Ley 12.965/2014), estableciendo así los derechos y deberes para el uso de internet en Brasil.
La disposición establecía que, “para garantizar la libertad de expresión y evitar la censura”, las plataformas solo podían ser consideradas responsables de las publicaciones de sus usuarios si, tras una orden judicial, no tomaban medidas para eliminar el contenido ilegal.
Por lo tanto, antes de la decisión del STF, las grandes tecnológicas no eran civilmente responsables por contenido ilegal, como publicaciones antidemocráticas, mensajes con incitación al odio y ofensas personales, entre otros. Sin embargo, el STF aprobó establecer las directrices que las plataformas deben seguir para eliminar estas publicaciones, ya que el Artículo 19 no protege los derechos fundamentales ni la democracia. Además, hasta que se apruebe una nueva ley al respecto, los proveedores estarán sujetos a responsabilidad civil por las publicaciones de los usuarios.
Según la decisión, las plataformas deben eliminar los siguientes tipos de contenido ilegal tras una notificación extrajudicial: actos antidemocráticos; terrorismo; incitación al suicidio y la autolesión; incitación a la discriminación por motivos de raza, religión, identidad de género, comportamientos homofóbicos y transfóbicos; delitos contra las mujeres y contenido que difunde odio contra ellas; pornografía infantil; y trata de personas.
La última votación sobre el tema la realizó el jueves el juez Nunes Marques, quien se opuso a responsabilizar directamente a las redes. Argumentó que la responsabilidad directa debería ser establecida por el Congreso. En su opinión, la libertad de expresión es una cláusula constitucional y debe ser protegida. Por lo tanto, la responsabilidad de publicar contenido recae en quienes causaron el daño, es decir, el usuario. “La libertad de expresión es fundamental para el necesario intercambio de ideas, que genera el desarrollo de la sociedad. Es decir, solo mediante el libre debate de ideas pueden los individuos y la sociedad desarrollarse en todos los ámbitos del conocimiento humano”, afirmó.
En sesiones anteriores, los jueces Flávio Dino, Alexandre De Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso y Cármen Lúcia se mostraron a favor de responsabilizar directamente a las redes, mientras que André Mendonça y Edson Fachin votaron a favor de mantener las normas actuales que impiden la responsabilidad directa de las redes.
El STF se pronunció sobre dos casos específicos relacionados con el Marco de Derechos Civiles en Internet que llegaron al Tribunal mediante recursos.
En el caso preopinado por el juez Dias Toffoli, el tribunal se pronunció sobre la validez de la norma que exige una orden judicial previa para responsabilizar a los proveedores por actos ilícitos. El caso se refiere a un recurso interpuesto por Facebook para anular una decisión judicial que condenó a la plataforma por daños morales por la creación de un perfil de usuario falso. En el caso presentado por el juez Luiz Fux, el STF debatió si una empresa que aloja un sitio web en internet debería monitorear contenido ofensivo y retirarlo del aire sin intervención judicial. La apelación fue presentada por Google.
Se espera que la decisión sin precedentes del STF cambie la forma en que operan las grandes tecnológicas en Brasil, tras dictaminar que, ante las publicaciones masivas de desinformación, contenido antidemocrático y discurso de odio, las normas vigentes no protegían los derechos fundamentales ni la democracia.
En consecuencia, las redes sociales deberían ser responsables de las publicaciones ilegales si no retiran el contenido ilegal tras recibir una notificación extrajudicial de los implicados, sin necesidad de una decisión judicial previa.
El punto principal de la decisión es la eliminación inmediata de las publicaciones con contenido delictivo grave. En caso de incumplimiento, las plataformas deberían ser responsables del daño moral y material causado por los usuarios a terceros.
El STF también definió que las réplicas de publicaciones declaradas ilegales por los tribunales deben ser eliminadas por todos los proveedores, independientemente de las nuevas decisiones. En casos de delitos de injuria, difamación y calumnia cometidos por una persona contra otra, sigue siendo necesaria una decisión judicial para eliminar las publicaciones, lo cual también aplica al contenido de correo electrónico y WhatsApp.
El STF también confirmó que las plataformas deben constituir una persona jurídica en el país y cumplir con las órdenes del Tribunal, proporcionando información sobre la moderación de contenido y otros asuntos que determine el Tribunal.
La decisión del Tribunal tendrá vigencia hasta que el Congreso elabore una ley para abordar la responsabilidad. “Hasta que se promulgue nueva legislación, el artículo 19 del MCI debe interpretarse de tal manera que los proveedores de aplicaciones de internet estén sujetos a responsabilidad civil, salvo por la aplicación de las disposiciones específicas de la legislación electoral y los actos normativos emitidos por el TSE”, dictaminó el STF.
La decisión del Tribunal debe ser acatada por las plataformas desde ahora y no se aplicará retroactivamente. (Fuente: Agencia Brasil)
