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EE. UU. sanciona a jueces de la Corte Penal Internacional por investigación sobre Israel
Estados Unidos tomará las medidas que considere necesarias para proteger su soberanía, la de Israel y la de cualquier otro aliado, advirtió Rubio Cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) (Solomy Balungi Bossa de Uganda, Luz del Carmen Ibáñez Carranza de Perú, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou de Benín y Beti Hohler de Eslovenia) fueron sancionados este jueves por el gobierno estadounidense del presidente Donald Trump, según anunció el secretario de Estado, Marco Rubio.
“La CPI está politizada y falsamente afirma tener plena discreción para investigar, acusar y enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos y de nuestros aliados”, declaró Rubio. “Esta peligrosa afirmación y abuso de poder vulnera la soberanía y la seguridad nacional de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel”.
Los magistrados fueron sancionados por su participación en una investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza y Cisjordania. Washington congeló todos los activos de estos jueces en Estados Unidos, alegando que sus acciones violan la soberanía estadounidense e israelí. Estados Unidos, que no es miembro de la CPI, sancionó previamente al fiscal de la CPI, Karim Khan, en febrero por razones similares.
Estas “personas participaron en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de este último”, declaró el Departamento de Estado. “Estados Unidos tomará todas las medidas que considere necesarias para proteger su soberanía, la soberanía de Israel y la de cualquier otro aliado de Estados Unidos de las acciones ilegítimas de la CPI”, añadió.
La CPI condenó las sanciones como un ataque a su independencia. “Estas medidas son un claro intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional”, declaró el portavoz de la CPI, Fadi El Abdallah, en un comunicado.
Estas medidas siguen a las sanciones previas impuestas por Trump a la CPI durante su primer mandato (2017-2021), pero posteriormente revocadas por la administración de Joseph Biden. Los críticos, entre ellos Human Rights Watch (HRW), argumentan que las sanciones socavan los esfuerzos para buscar justicia por crímenes graves.
Estados Unidos, China, Rusia e Israel, entre otros países, no son signatarios del Estatuto de Roma que creó la CPI y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción.
