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Obligan a administradores de condominios en Río a denunciar casos de violencia doméstica
La medida parte de la noción de que “el silencio mata” El Ayuntamiento de Río de Janeiro aprobó la semana pasada la Ley Municipal 8.913, que exige que los administradores de condominios denuncien de inmediato los casos de violencia doméstica que involucren a mujeres, niños, ancianos y animales. Los demás incidentes deben denunciarse en un plazo de 24 horas, ya sea presencialmente o digitalmente. El incumplimiento puede resultar en fuertes multas. La Secretaría de Políticas para las Mujeres de Río apoya la iniciativa proporcionando recursos en la plataforma www.mulher.rio](http://www.mulher.rio).
En 2024, Río registró 43.700 casos de violencia física contra las mujeres, con 107 femicidios, la segunda cifra más alta desde 2016. La ley se propuso originalmente en 2020, durante la pandemia de Covid-19, cuando los incidentes de violencia doméstica se dispararon.
Según la Ley 8.913, los administradores y gerentes de edificios deben denunciar activamente los casos de violencia doméstica, lo que los hace legalmente responsables de alertar a las autoridades cuando ocurran incidentes dentro de sus edificios.
La medida busca reducir el silencio en torno a la violencia doméstica, garantizando que los casos lleguen a las agencias correspondientes y que las víctimas reciban apoyo. También exige que los condominios muestren materiales informativos que animen a los residentes a denunciar la violencia doméstica, reforzando una cultura de intervención en lugar de la pasividad.
Quienes no denuncien estos incidentes se enfrentan a advertencias por una primera infracción y multas de hasta R$ 1.000 (US$ 176,3) por reincidencia. Estos fondos se destinarán a programas de protección a grupos vulnerables.
La denuncia obligatoria refuerza la idea de que el silencio facilita el abuso y fomenta la acción colectiva para proteger a las personas vulnerables, con el fin de reducir los feminicidios y otros delitos, explicaron los responsables de la iniciativa.
El caso de Río de Janeiro tiene un alcance único. Argentina, por ejemplo, cuenta con varias leyes que abordan la violencia doméstica, incluida la Ley Nacional 24.417, que establece la protección contra la violencia familiar. Sin embargo, a diferencia de la norma de Río, no llega al extremo de obligar a los administradores de condominios a denunciar los incidentes. Además, algunos estados de EE. UU. tienen leyes de denuncia obligatoria para la violencia doméstica, pero varían considerablemente. Algunos estados exigen que los profesionales de la salud denuncien las lesiones causadas por armas o actos delictivos, mientras que otros exigen la denuncia de incidentes de violencia doméstica. A diferencia del caso de Río de Janeiro, estas disposiciones suelen centrarse en profesionales médicos en lugar de en los administradores de propiedades.
Dado que varios estudios sobre el tema sugieren que las leyes de denuncia obligatoria pueden disuadir a las víctimas de buscar ayuda por temor a consecuencias legales o intervenciones no deseadas, el enfoque de Río atribuye la responsabilidad a los administradores de condominios en lugar de a las víctimas, superando así esta barrera psicológica.
Vladimir Platonow, quien ha dirigido un edificio en Riachuelo, al norte de la ciudad, durante más de diez años y es responsable de 132 apartamentos, 400 residentes y 20 empleados, declaró a la Agencia Brasil que la ley respalda el trabajo que los representantes ya venían realizando. “La ley conlleva obligaciones. ¿Es una responsabilidad más? Sí. Pero ya teníamos que actuar cuando se nos requirió en estos casos”, afirmó.
“La mayoría de los feminicidios se cometen en el hogar, y por eso la Ley 8.913 es fundamental”, declaró Joyce Trindade, Secretaria de Políticas para las Mujeres de Río, según la Agencia Brasil. En su opinión, la medida aborda la omisión de ayuda en estos casos, que a menudo se silencian. “La omisión también mata”, afirmó.
