Un grupo de diputados de la oposición presentó una denuncia penal contra el presidente argentino Javier Milei por firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para habilitar un nuevo acuerdo de diez años con el Fondo Monetario Internacional (FMI) destinado a cancelar las letras del Tesoro no transferibles en poder del Banco Central (BCRA). El decreto saltó el proceso legislativo tradicional de enviar un proyecto de ley al Congreso. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, dijo que era necesario dada la urgente necesidad de apoyo del FMI.
Según la ley argentina, el DNU se envía al Congreso dentro de los diez días y es revisado por la Comisión Bicameral de Procedimiento Legislativo. Si la comisión no actúa dentro de los diez días hábiles, las cámaras pueden votarlo directamente. El decreto sigue siendo válido a menos que ambas Cámaras del Congreso lo rechacen. En otras palabras, un visto bueno de cualquiera de las Cámaras es suficiente para mantener la norma en vigencia.
El gobierno argumenta que no viola las leyes existentes, mientras que la oposición sostiene que socava la autoridad legislativa. El FMI ha indicado que no requiere la aprobación del Congreso para los desembolsos, una postura criticada por los diputados como una extralimitación del marco constitucional.
La oposición afirma específicamente que el DNU viola la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública de 2021, que exige la aprobación del Congreso para los acuerdos con el FMI. Un grupo de diputados de Unión por la Patria (UxP), alineados con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, presentó una denuncia penal contra Milei, alegando abuso de autoridad y violación de normas constitucionales y legales. La denuncia, respaldada por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y firmada por los legisladores federales bonaerenses Juan Marino, Victoria Tolosa Paz, Hugo Yasky, Julio Pereyra, Brenda Vargas Matyi y Sabrina Selva, busca suspender la implementación del DNU. Todos los firmantes están alineados con la facción de Kicillof dentro del peronismo.
“La intención del Poder Ejecutivo Nacional de aprobar, vía Decreto de Necesidad y Urgencia, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es violatoria, en primer lugar, de cláusulas constitucionales, y de la Ley 27.612 “de Fortalecimiento de la Sustentabilidad de la Deuda Pública (conocida como Ley Guzmán) de 2022”, sostuvieron. “Los hechos preparatorios que hemos denunciado podrían tipificarse en las figuras de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, y las figuras del Título VIII del Código Penal de la Nación Argentina”, agregaron al tiempo que solicitaron que “la Corte ordene la suspensión de todo acto que pudiera constituir la consumación del hecho delictivo”.
El Ejecutivo había anunciado la semana pasada que el acuerdo con el FMI no sería enviado al Parlamento a través de un proyecto de ley sino a través de un DNU. El 6 de marzo de 2025, la Oficina del la Presidencia de la República Argentina (OPRA) emitió un comunicado diciendo que “se emitirá un DNU y se enviará al Congreso de la Nación para recabar su apoyo al acuerdo con el FMI”.