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Escándalo financiero en Uruguay: Conexión Ganadera y el modelo que terminó en un esquema Ponzi
Fundada en 1999, Conexión Ganadera creció tras la crisis de 2002, ofreciendo inversiones en ganado como alternativa a la banca tradicional El colapso de Conexión Ganadera, una de las principales firmas de inversión en ganado de Uruguay, ha dejado en vilo a cientos de ahorristas tras revelarse que su modelo financiero operaba como un esquema Ponzi. Así lo afirmó el contador Ricardo Giovio, contratado por la empresa para evaluar su situación.
“La salida para recuperar el 100% de lo invertido no va a estar”, advirtió Giovio en un streaming dirigido a los inversores. Explicó que la empresa pagaba una renta fija en un sector de ingresos variables, lo que terminó en una estructura insostenible. “Todas las timbas terminan como terminan todas las timbas”, resumió.
Las dificultades económicas del sector ganadero en 2020 y 2023, sumadas a la crisis de empresas similares como Grupo Larrarte y República Ganadera, aceleraron la caída. Según Giovio, la empresa enfrenta un déficit de hasta 230 millones de dólares y carece de documentación confiable sobre su estado financiero.
Fundada en 1999, Conexión Ganadera creció tras la crisis de 2002, ofreciendo inversiones en ganado como alternativa a la banca tradicional. Su modelo permitía a pequeños productores acceder a financiamiento, mientras los inversores recibían rentabilidad fija. Con el tiempo, la empresa se convirtió en líder del sector, con retornos que en su punto más alto alcanzaron el 11%.
Sin embargo, expertos advertían que esas tasas eran insostenibles. En noviembre, la caída de otras firmas similares aceleró su colapso, dejando en evidencia problemas de solvencia que comprometieron a miles de ahorristas.
El año 2022 fue el último año en que Conexión Ganadera presentó sus estados financieros ante la Auditoría Interna de la Nación, indicó el abogado especializado en derecho financiero, Leonardo Costa, a El País, que representa a alrededor de 300 ahorristas. Un motivo para dejar de presentarlo puede ser que los ingresos hayan caído por debajo de los US$ 3.800.000 anuales.
A su vez, no se trata de una actividad regulada por el Banco Central. Pablo Carrasco, socio de la empresa, afirmó que se está en conversaciones para contratar a una empresa para que haga una auditoría. El contador Giovio calificó a la empresa de “inauditable”.
El contador urgió a declarar el concurso judicial de la empresa para proteger sus activos y sugirió un acuerdo privado entre los ahorristas como la mejor opción para recuperar la inversión en un plazo de siete u ocho años. “Si hay un acuerdo privado, las posibilidades de un juicio penal desaparecen”, explicó.
Mientras tanto, varias denuncias por estafa han sido presentadas ante la Justicia. El abogado Ignacio Durán, representante de más de 100 inversores, solicitó el embargo de bienes y la prohibición de salida del país para Pablo Carrasco, único socio activo tras la muerte de Gustavo Basso en noviembre pasado.
El caso sigue en desarrollo, con inversores, abogados y autoridades buscando una salida a una crisis que sacudió al sector ganadero y financiero del país.
