El presidente paraguayo, Santiago Peña, promulgó este martes el denominado Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay, durante una ceremonia en Asunción a la que asistieron dignatarios de los otros dos poderes del Estado.
Hoy damos un paso que marcará la diferencia en nuestro camino hacia un Paraguay más íntegro y justo. Promulgamos la Ley que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay. Más que una norma, es un compromiso con cada paraguayo que sueña con un país más transparente y desarrollado, dijo Peña.
Con la nueva ley, se encomienda a la Contraloría General de la República el abordaje preventivo del tema: La Contraloría debe seguir auditando el gasto público, la Fiscalía debe seguir acusando y persiguiendo penalmente a los corruptos y el Poder Judicial debe condenarlos y la gente debe ir a la cárcel, esa es una realidad, pero la corrupción también debe combatirse de manera preventiva, no solo represiva, porque evidentemente el sistema represivo por sí solo no funciona, explicó Camilo Benítez, el hombre que ocupa ese cargo.
La medida entró en vigor justo cuando se hizo público un nuevo informe del Departamento de Estado norteamericano sobre la corrupción en Paraguay. El documento aborda el clima de inversión en el país sudamericano, donde la corrupción y la impunidad siguen siendo importantes obstáculos para el desarrollo económico. A pesar de un crecimiento medio del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,8% en la última década y de un marco legal que favorece la inversión extranjera, el informe señala que la inseguridad jurídica y la deficiente aplicación de la ley desalientan a los inversores.
La impunidad rampante y la corrupción siguen obstaculizando la economía de Paraguay, que se sitúa en la media o por debajo de la media en la mayoría de los indicadores de competitividad, reza parte del escrito.
Por otro lado, Paraguay cuenta con unas perspectivas económicas prometedoras, con un crecimiento sostenido en la última década y un importante potencial para el futuro. Los sectores agrícola, energético, comercial y de la construcción son los principales motores de esta expansión.
El documento señala que el gobierno ha implementado políticas favorables a la inversión extranjera, con incentivos fiscales y facilitando la repatriación de capitales, además de un trato equitativo a los inversores extranjeros.
A pesar de varios pasos para mejorar el clima de inversión, incluyendo la aprobación de leyes que abordan el lavado de dinero, la competencia, la divulgación de la nómina del sector público y el acceso a la información, ... varias empresas estadounidenses siguen teniendo problemas para trabajar con las oficinas gubernamentales para resolver las disputas de inversión, incluyendo la falta de voluntad del gobierno para pagar sus deudas, menciona el informe.
Al respecto, Peña admitió que tenemos algunas diferencias con el Departamento de Estado e insistió en que se había llegado a esas conclusiones con datos desactualizados.