El Ministerio Público de Venezuela anunció el miércoles la apertura de una investigación contra el presidente Javier Milei por presuntos delitos de lesa humanidad y el robo de un avión estatal venezolano entregado a Estados Unidos. Como consecuencia, se emitieron órdenes de captura contra Milei, su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La medida de Caracas se produce días después de que el Gobierno argentino pidiera a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro y otros funcionarios por los violentos sucesos ocurridos tras las polémicas elecciones del 28 de julio, que él se atribuyó como ganador, al igual que el candidato opositor Edmundo González Urrutia, actualmente asilado en España.
El fiscal general, Tarek William Saab, también explicó que Milei y sus ayudantes eran buscados por siete delitos relacionados con la aeronave incautada en Buenos Aires.
En declaraciones transmitidas por el canal estatal VTV, Saab dijo que el Boeing 747-300 había sido totalmente desmantelado en Estados Unidos y que, por lo tanto, los cargos que se les imputan a los funcionarios argentinos son robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, intromisión ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir, según la legislación venezolana.
Saab también anunció la designación de un fiscal especializado en la protección de los derechos humanos para que realice las investigaciones correspondientes contra Milei y Bullrich por las acciones cometidas contra el pueblo argentino y afirmó que podríamos estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir delitos de lesa humanidad.
También calificó a Milei de fascista, neonazi, y probablemente el más feroz violador de los derechos humanos del continente, que representa un peligro brutal para todo el hemisferio.
La República Argentina repudia las órdenes de detención emitidas por la Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela contra el Presidente de la Nación, Javier Milei, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como consecuencia del incidente del avión de la empresa Emtrasur, señaló la Cancillería argentina en un comunicado.
El mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional, prosiguió.
El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina prevalece la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro, agregó el comunicado.