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Está en marcha la segunda huelga general contra Milei
La protesta será “contundente”, pronosticó Pablo Moyano La administración libertaria del presidente Javier Milei atraviesa la segunda huelga general convocada por la opositora Confederación General del Trabajo (CGT) desde que asumió el 10 de diciembre del año pasado. La primera de estas protestas se realizó el 24 de enero con escaso éxito porque en ese momento la gente estaba de vacaciones o aún disfrutaba de sus bonos semestrales que amortiguaban los efectos depredadores de las medidas de Milei sobre los ingresos de la población.
Esta vez, la protesta busca disuadir al Senado de aprobar el proyecto de la llamada Ley Ómnibus -oficialmente conocida como Ley de Bases-, ya aprobada por la Cámara Baja a principios de este mes, consistente en una serie de medidas económicas que abordan principalmente los derechos laborales y la tributación que Milei necesita para el 25 de mayo, cuando pretende firmar en Córdoba el llamado Pacto de Mayo con la mayoría de los gobernadores provinciales del país para emprender una mega reforma del Estado que recorte astos y logre el déficit fiscal cero.
Durante la huelga se paralizarán la mayoría de las actividades económicas. Por lo tanto, al no haber transporte público, se espera que la medida tenga éxito, ya que aquellos trabajadores que no adhieran al lema de la CGT de que «la patria no se vende» no podrían presentarse. En este escenario y según fuentes de MercoPress, muchos empresarios estarían barajando la posibilidad del trabajo a distancia, una práctica ampliamente desarrollada desde los confinamientos de la pandemia de Covid-19. Además de los conductores de autobús, también se sumarán a la medida los trabajadores de bancos y comercios, entre otros. También se verán afectados los servicios aéreos de todo el país.
El proyecto de ley en discusión también implicaría la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, la privatización de empresas estatales, el establecimiento de un régimen especial de inversiones y una reforma laboral bautizada como «modernización», que extendería los períodos de prueba para el personal ingresante y también contemplaría cambios en cuanto a las indemnizaciones por despido.
“Esta huelga tiene varios destinatarios. No sólo el presidente Milei, sino también los gobernadores y senadores que tendrán que tratar la Ley de Bases, y para los cuatro o cinco grupos empresariales que en este momento son socios del Ejecutivo nacional”, señaló en un comunicado el dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar.
En caso de que los manifestantes busquen bloquear los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el Gobierno de Milei anunció que pondrá en marcha su protocolo antipiquetes. “Garantizamos la libre circulación, no dejamos que tomen puentes ni corten rutas. Puede haber excepciones en las que no; si hay una fuerza provincial, bienvenida sea, pero el protocolo se aplica siempre porque sabemos que la gente siente lo que significa. Es nuestra filosofía”, explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La CGT da por hecho que los 33 senadores de Unión por la Patria (UP) rechazarán el proyecto, pero los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) estarían intentando revertir ese resultado.
No funcionarán los autobuses ni los trenes de cercanías. Tampoco funcionarán el metro ni los taxis. Los grandes comercios permanecerán cerrados. Según el colíder de la CGT, Pablo Moyano, la huelga será “contundente”.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, admitió que casi 6,6 millones de personas se verán afectadas porque «no tendrán servicio de transporte». Insistió en que «el paro no tiene justificación aparente» más que razones “políticas”.
