El domicilio de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito limeño de Surquillo, fue requisado a última hora del viernes por la Policía, que en la madrugada del sábado se trasladó a la sede del Ejecutivo para dar cumplimiento a una orden de allanamiento y registro concedida por un magistrado de la Corte Suprema al fiscal general Juan Villena.
Boluarte está siendo investigada tras aparecer en varios compromisos oficiales luciendo caros relojes Rolex que superarían con creces su poderío económico. Fue la primera vez que la policía y la fiscalía entraron por la fuerza en el domicilio de un presidente en ejercicio. En el palacio presidencial ya se habían producido redadas.
Boluarte no estaba en su casa en la medianoche del sábado, cuando los investigadores rompieron la cerradura de la puerta con una maza metálica. Sin embargo, sí estaba uno de sus hijos, se informó.
Villena había dicho el martes que Boluarte mostraba un claro indicador de rebeldía después de que la semana pasada dijera a los periodistas que se presentaría para contar la verdad sobre el escándalo de los relojes, pero siguió posponiendo esa explicación alegando una agenda sobrecargada.
Boluarte argumentó primero que uno de esos relojes era de antaño, fruto de su esfuerzo desde que tenía 18 años, y pidió a la prensa que no se metiera en asuntos personales.
Al mismo tiempo, un grupo de legisladores inició la semana pasada la recolección de firmas para pedir la destitución de Boluarte y la congresista Margot Palacios, del minoritario partido de izquierda Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, presentó una moción de vacancia contra su sucesora por permanente incapacidad moral.
Villena insistió en que era imprescindible que Boluarte u otra persona en su nombre exhiba a la brevedad posible los tres relojes Rolex materia de la presente investigación, a fin de no generar efectos que pudieran ser irreversibles e impedir que se disponga de dichos objetos ya sea por disposición indebida, pérdida, destrucción o deterioro, lo que podría afectar la investigación.
La investigación se inició en marzo a raíz de las informaciones aparecidas en la prensa sobre los Rolex de Boluarte. Boluarte, de 61 años y licenciada en Derecho, era una funcionaria de ingresos medios en una oficina de distrito antes de ser investida vicepresidenta de Castillo. Cuando éste fue destituido el 7 de diciembre de 2022, ella ocupó la vacante.
La mayoría de los ex mandatarios de Perú en la historia reciente están en la cárcel, bajo arresto domiciliario, en libertad bajo fianza o no pueden salir del país. El dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó de un disparo en la cabeza el 17 de abril de 2019, minutos antes de ser puesto en prisión preventiva por 10 días, durante el feriado de Viernes Santo.
Según la encuestadora Ipsos Perú, en febrero de 2024 la popularidad de Boluarte no llegaba al 8%. Se la ha relacionado con 49 muertes en las protestas antigubernamentales de los días posteriores a la destitución de Castillo, que intentó cerrar el Congreso y gobernar por decreto.
Más tarde, el sábado, Boluarte dijo que las medidas judiciales contra su casa y su oficina eran arbitrarias y abusivas, al tiempo que culpó a los medios de comunicación de una supuesta campaña de acoso contra ella.
He comparecido ante la Fiscalía y me he puesto a disposición, por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcionada y abusiva, dijo Boluarte en un comunicado. Añadió que era respetuosa de la investigación fiscal, pero rechazó la forma en que se hizo: de manera discriminatoria e inconstitucional.
¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa por lo que viste o deja de vestir el presidente? Quiero creer que no es por una cuestión sexista o discriminatoria, argumentó Boluarte. Siguiendo el consejo de su abogado, la mandataria declinó dar más detalles sobre el origen de los relojes de lujo hasta que declare ante la Fiscalía para aclarar los hechos.
En cualquier caso, Boluarte insistió en que no dimitirá. Asumí el cargo con las manos limpias y, por tanto, me retiraré de la Presidencia en 2026, subrayó.
El primer ministro Gustavo Adrianzén dijo primero en entrevistas radiofónicas que no había ocurrido nada grave y que se estaba generando una tormenta donde no la hay. Afirmó que la persecución estaba provocando un ruido político que afecta a las inversiones y habló de una intencionalidad desestabilizadora para golpear a la presidenta por parte de quienes manejan el crimen organizado y que hace 14 meses buscaron su destitución mediante sangrientas protestas callejeras que dejaron 49 muertos. Horas después, calificó la incursión policial como un atropello a la dignidad de la presidenta Boluarte. Estas acciones son desproporcionadas e inconstitucionales, añadió.