El ex hombre fuerte de Perú, Vladimiro Montesinos, fue condenado este miércoles a 19 años de prisión por su implicación en matanzas perpetradas en 1992 bajo el mandato del entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), a quien se ha prohibido salir del país durante 9 meses.
Montesinos, ex asesor de Fujimori, fue condenado el miércoles a 19 años y 8 meses de prisión por las matanzas de Pativilca y La Cantuta, ambas cometidas en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.
La jueza Miluska Cano, de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional, precisó que la pena de Montesinos se considera compurgada (ya cumplida) porque el procesado está en prisión desde enero de 2001. Por tanto, Montesinos permanecerá en prisión hasta el año 2026, cuando cumpla su condena actual. Al declararse culpable, evitó una condena que hubiera añadido más años de prisión.
El Ministerio Público había solicitado 25 años para Fujimori, Montesinos y otros 21 procesados en el caso que, a diferencia de Montesinos, no aceptaron la figura jurídica de conclusión anticipada y cuyo proceso, en consecuencia, seguirá adelante.
En su alegato, Montesinos reconoció que los asesinatos fueron cometidos por un escuadrón de la muerte que era un destacamento clandestino del Ejército denominado Grupo Colina. Montesinos insistió que actuaba bajo las órdenes de Fujimori, quien declaró ante el tribunal que no sabía nada de las operaciones del Grupo Colina a pesar de su condena de 25 años en 2009 como autor de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, donde se demostró que era el vértice de la cadena de mandos.
El mes pasado, Fujimori salió de la cárcel después de que el Tribunal Constitucional de Perú restituyera el indulto presidencial que le había concedido Pedro Pablo Kuczynski.
Montesinos llegó al poder en 1990 de la mano de Fujimori. Como capitán, fue expulsado del ejército en la década de 1970 por vender secretos militares. Después trabajó como abogado defendiendo a narcotraficantes. Fujimori le convirtió en la persona más poderosa de su gobierno después de él mismo. Figuraba como asesor, pero era en rigor de verdad el jefe de facto de los servicios de inteligencia y de las fuerzas armadas.
La fiscalía había solicitado en este proceso que Fujimori fuera sometido a arresto domiciliario, lo que equivaldría a algo más que una prisión preventiva, según el ex jefe de Estado, que actualmente tiene 85 años y es un paciente de alto riesgo.