El presidente colombiano Gustavo Petro anunció este viernes en redes sociales que su gobierno ayudaría a unos 20.000 ciudadanos de su país que podrían verse afectados por las medidas de austeridad propuestas por el presidente argentino Javier Milei en materia de recortes de gastos, incluido el fin de los estudios gratuitos para extranjeros no residentes.
El proyecto de ley de Milei enviado al Congreso esta semana contemplaría tal medida pero aún necesita la aprobación parlamentaria. Sin embargo, Petro tomó la publicación de un usuario en X como un hecho consumado y respondió en consecuencia.
Colombia recibirá 20.000 estudiantes colombianos que se educaban gratuitamente en Argentina y son literalmente expulsados de ese país, para ellos no existe la llamada 'libertad', escribió. Incluso si se aprueba el proyecto de ley, los estudiantes no serían expulsados; simplemente se les cobra por lo que reciben a menos que se conviertan en residentes legales.
Petro prometió que su gobierno velará para que puedan continuar sus estudios en Colombia sin mayores obstáculos y además de forma gratuita.
En el plano interno, Petro se dijo dispuesto a debatir con empresarios locales la posibilidad de realizar cambios a su reforma tributaria encaminados a elevar la actividad productiva del país.
”Invito al empresariado a discutir la posibilidad de reformar la reforma tributaria, creo que es hora de ver sus impactos (...) y verlo de cara a la producción. La reforma ha sido transformada radicalmente por decisiones judiciales (. ..) pero para incrementar la actividad productiva del país es necesario reexaminarla, dijo Petro durante una conferencia de prensa.
El mandatario insistió en que se deben tomar medidas adicionales sin desfinanciar al Estado y sin pensar en aumentar los impuestos, bajar la tasa de renta corporativa, es decir, la que pagan las empresas, y elevar los ingresos de los individuos en sus niveles más altos. La idea del presidente es que las empresas se liberen” para competir y ser más productivas.
La reforma del Petro fue aprobada por el Congreso en noviembre del año pasado, aunque con un alcance menor que el plan original del Gobierno que buscaba unos 6.441 millones de dólares al tipo de cambio actual para asignarlos principalmente al gasto social.