La Corte Suprema de Argentina (CSJN) acordó este viernes revisar la constitucionalidad del reciente decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que desregula la mayor parte de la economía del país, pero anunció que esto no sucederá hasta después del receso judicial de enero de 2024.
La decisión se tomó en un caso presentado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien cuestionó muchos artículos de la norma ya vigente en todo el país en espera de una ratificación del Congreso y/o de su posible supresión por parte de los tribunales.
Quintela contrató al exmagistrado de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni entre los letrados que presentaron su caso contra el DNU 70/2023.
Antes de que la CSJN pueda examinar el expediente, el fiscal general en funciones, Eduardo Casal, debe emitir un dictamen sobre si la Corte es competente o no para conocer el asunto y luego si el DNU es constitucional o no. Sin embargo, su opinión no es vinculante.
”En el día de la fecha instruí a los abogados E. Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra para que formalicen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto por razones de necesidad y urgencia n° 70/2023 que produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución Federal y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Así mismo (sic), se ha pedido el dictado de una medida cautelar que disponga la suspensión total de efectos del decreto n° 70/2023 y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación a no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa, escribió Quintela en X.
Con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales. Por eso, este reclamo que lo hago en nombre de mi provincia, busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia,” agregó.