Un fallo esta semana de la Corte Suprema de Uruguay dejó al diputado argentino del Parlasur Fabián Pepín Rodríguez Simón al borde de la extradición a su país, donde es requerido por tráfico de influencias y otros delitos presuntamente cometidos durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), se informó en Montevideo.
Los esfuerzos de Pepín por obtener el estatus de refugiado en el país donde se encuentra el Parlamento del Mercosur han fracasado en reiteradas ocasiones. Lleva más de tres años prófugo de la Justicia argentina.
Los jueces Doris Morales, Elena Martínez, Bernadette Minvielle Sánchez, Tabaré Sosa Aguirre y John Pérez Brignani desestimaron por unanimidad una presentación de Rodríguez Simón después de que se rechazara una primera solicitud de asilo político.
El 7 de diciembre de 2022, la defensa de Rodríguez Simón presentó ante la Comisión de Refugiados (CORE) de Uruguay una nueva solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, motivada en nuevos hechos persecutorios, posteriores, distintos y más graves que los que motivaron la solicitud anterior alegando que en su país de origen, durante todo el año 2022, se emprendió una renovada persecución gubernamental en su contra por sus opiniones, acciones y filiación lícitas.
El equipo legal de Pepín también insinuó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) estaba detrás del plan contra su cliente.
El tribunal uruguayo argumentó que más allá de ser calificados como 'hechos nuevos', lo que el recurrente menciona son situaciones nuevas que se refieren a la misma causa original de la supuesta persecución en su contra.
Sea o no la nueva solicitud una mera reedición de la anterior sin modificación de su base objetiva por alteración de las circunstancias fácticas, lo cierto es que ello debe ser sustanciado y resuelto por la Sede competente, prosiguió el fallo de 60 páginas. La causa está ahora en manos del juez uruguayo de Crimen Organizado Fernando Islas Preyones.
Rodríguez Simón es buscado en Argentina por supuestas maniobras a favor de Macri ante la llamada mesa judicial en perjuicio de los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López, del Grupo Indalo. El ex asesor de Macri, se encuentra en Uruguay desde el 8 de diciembre de 2020. La jueza federal porteña María Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo de 2021, luego de que anunciara que no pensaba presentarse a una audiencia a la que había sido citado. El 25 de mayo de 2021 se recibió en Montevideo una solicitud de extradición, tras lo cual Rodríguez Simón presentó su caso ante la Comisión de Refugiados (CORE), debido a lo cual tuvo que entregar su pasaporte a las autoridades uruguayas y se le prohibió salir del país.
En agosto de ese año, la CORE determinó que no había elementos para considerar que Rodríguez Simón fuera un perseguido político porque en Argentina contaba con todas las garantías del debido proceso. El 23 de diciembre de 2021, la jueza uruguaya Adriana Chamsarian rechazó la petición de Rodríguez Simón. Su decisión fue confirmada un tribunal de alzada de Montevideo en junio de 2022.
La jueza Servini remarcó que Rodríguez Simón dio sobradas pruebas públicas de su intención de eludir la acción de la justicia, lo que fue ratificado por su abogado defensor el 18 de mayo de 2021. Se lo investiga por la presunta existencia de actos realizados por funcionarios públicos, desde los más altos niveles del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante el hostigamiento y estrangulamiento financiero a las empresas del Grupo Indalo, habrían derivado en casos de corrupción.