La Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) que analizó los disturbios del 8 de enero en Brasilia aprobó este miércoles, con 20 votos a favor y una abstención, una moción de la senadora Eliziane Gama (PSD-MA), ponente del caso, para procesar al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 60 personas, entre ellas cinco exministros y ocho generales, por intento de golpe de Estado durante la invasión de las sedes de los tres poderes del Estado, informó la Agencia Brasil.
Además de Bolsonaro, la lista incluye a los generales Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, Paulo Sérgio Nogueira, Marco Antonio Freire Gomes, Ridauto Lúcio Fernandes, Carlos Feitosa Rodrigues y Carlos José Penteado; el ex jefe de la Marina Almirante Almir Garnier Santos; el teniente coronel Mauro Cid; el ex ministro de Justicia Anderson Torres; y el ex director general de la Policía Federal de Carreteras Silvinei Vasques.
El informe pide que Bolsonaro sea acusado de asociación criminal, intento de derrocamiento violento del Estado democrático de derecho, intento de deposición de un gobierno legítimamente constituido y uso de medidas para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos. Según la relatora, Bolsonaro fue el autor intelectual de los actos antidemocráticos.
Gama también incluyó los nombres de varios otros militares, agentes de la Policía Federal de Carreteras y miembros de la Policía Militar del Distrito Federal, así como de varias personas sospechosas de haber financiado o influido en el intento de golpe durante los actos del 8 de enero.
Se atacó a la democracia. Se utilizó el discurso del odio para manipular a las masas. Se utilizaron milicias digitales para sembrar el miedo, descalificar a los opositores y promover ataques contra el sistema electoral. Se cooptó a las fuerzas de seguridad. Se intentó corromper, obstruir y anular las elecciones. Y están utilizando la libertad de expresión para ahogarla, dijo Gama al leer el documento, que será remitido al Ministerio Público Federal para su tramitación.
Durante las siete horas de debate, los parlamentarios hablaron a favor y en contra de las acusaciones. Para el gobierno, el informe ofrece explicaciones que precedieron a los sucesos del 8 de enero, así como pruebas de que hubo un intento de instrumentalizar al Estado y cooptar a los militares para derrocar la democracia.
La oposición alegó que el informe era parcial y tendencioso porque no incluía a miembros del gobierno federal en la lista de acusados, como el ex jefe de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), el general Gonçalves Dias, que declaró ante la CPI.
Antes de anunciar el resultado, el presidente del CPMI, Arthur Maia (União-BA), dijo que el asunto se había tratado con justicia e imparcialidad, y concluyó subrayando que el CPMI no pretendía desacreditar a las Fuerzas Armadas. Todos los diputados y senadores que participaron en esta comisión quieren lo mejor para este país y se oponen radicalmente a lo que ocurrió el 8 de enero de este año, dijo. Por encima de todo, concluimos con este sentimiento: valorar nuestra democracia y reconocer el papel del Parlamento en sacar a la luz esta verdad.
(Fuente: Agencia Brasil)