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Chile prorroga estado de excepción en el violento sur
La medida permite que las Fuerzas Armadas ayuden a la policía de Carabineros a combatir a los insurgentes mapuches El Senado de Chile aprobó el martes la prórroga del actual estado de excepción en La Araucanía y parte del Biobío vigente desde mediados de mayo de 2022 para permitir la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra grupos violentos que operan en la zona debido al llamado “conflicto mapuche” que involucra a comunidades indígenas, empresas madereras y fuerzas del orden.
Esta herramienta constitucional permite el despliegue militar para apoyar a la policía de Carabineros en el control del orden público, incluida la vigilancia de las principales carreteras y caminos circundantes, donde son habituales los ataques incendiarios y las emboscadas.
Desde hace décadas existe una disputa territorial a unos 700 kilómetros al sur de Santiago entre el Estado, algunas comunidades mapuches y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas. Los mapuches, el grupo indígena más numeroso de Chile, reclaman los territorios que habitaron durante siglos antes de ser ocupados por la fuerza por el Estado chileno a finales del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como “Pacificación de la Araucanía” y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales. En este escenario, son frecuentes los ataques incendiarios contra la maquinaria y los terrenos.
La medida aprobada el martes fue la 33ª prórroga del estado de excepción constitucional. El último ataque tuvo lugar en La Araucanía, cuando dos camiones y cinco máquinas forestales fueron incendiadas en la zona de Toltén. Tras el ataque, el Gobierno anunció la presentación de una querella criminal contra los responsables.
“Ya puedo confirmar que vamos a presentar una querella criminal. Las querellas que parecen actos simbólicos no lo son. Por eso permite que el Ministerio del Interior sea parte del proceso y solicite diligencias al Ministerio Público con el propósito de poder recabar pruebas que permitan identificar a los responsables”, dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Según Monsalve, entre 2022 y 2023, se han producido cerca de 300 condenas por hechos de violencia vinculados al conflicto territorial, además de un centenar de detenidos.
