MercoPress. South Atlantic News Agency
STF de Brasil aplaza votación sobre despenalización del aborto
Presidenta del Tribunal Supremo, Rosa Weber Weber se jubila la próxima semana El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió el viernes, en una reunión virtual, postergar para un plenario presencial en fecha aún por determinar su pronunciamiento sobre la despenalización del aborto hasta la 12ª semana de gestación, informó la Agencia Brasil.
La moción para suspender la reunión en línea y esperar a una reunión presencial fue presentada el viernes por el magistrado Luís Roberto Barroso, quien presidirá el máximo tribunal del país a partir de la próxima semana.
El caso del aborto en cuestión fue presentado en 2017 por el partido PSOL, que defiende que la interrupción del embarazo hasta la semana 12 deje de ser un crimen e insiste en que la criminalización afecta a la dignidad de la persona humana, principalmente de las mujeres negras y pobres.
Actualmente, la legislación brasileña permite el aborto en casos de violación, riesgo de vida para la embarazada o fetos anencefálicos.
La ponente del caso es la Presidenta del Tribunal Supremo, Rosa Weber, que la semana que viene cumplirá 75 años, por lo que debe jubilarse obligatoriamente y será sustituida por Barroso el jueves (28). En su informe del viernes, Weber votó a través del sistema electrónico del Tribunal a favor de la despenalización del aborto hasta la 12ª semana. Sostuvo que los artículos 124 y 126 del Código Penal de 1940, que penalizaban el aborto, no eran aceptados por la Constitución de 1988.
“La dignidad de la persona humana, la autodeterminación personal, la libertad, la intimidad, los derechos reproductivos y la igualdad como reconocimiento, después de siete décadas, se imponen como parámetros normativos para controlar la validez constitucional de la respuesta penal del Estado”, dijo Weber. A su juicio, la penalización excluye “a la mujer como sujeto autónomo” debido a la falta de aceptación del aborto por razones morales.
“El Estado no puede juzgar que una mujer ha faltado a su libertad y a la construcción de su ethos personal sólo porque su decisión no converge con la orientación presuntamente aceptada como correcta por el Estado o por la sociedad, desde la perspectiva de una moral”, concluyó la magistrada.
En un fallo separado, el STF votó el jueves 9-2 a favor de los derechos territoriales indígenas. La nueva decisión sustituye la jurisprudencia según la cual los indígenas sólo tenían derecho a las tierras que estuvieran en su posesión antes del 5 de octubre de 1988 (fecha de promulgación de la actual Constitución) o a los territorios en disputa legal en la época.
En su voto, Weber argumentó que la Constitución garantiza que las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas están habitadas de forma permanente y forman parte de su patrimonio cultural, y no hay necesidad de limitarlas a un marco temporal.
“Descarto la tesis del plazo, siguiendo íntegramente el voto del juez [relator Edson] Fachin, reafirmando que la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos apunta a la posesión tradicional como factor de reconocimiento del derecho de los indígenas a sus tierras”, escribió. Además de Weber y Fachin, también conformaron mayoría los jueces Barroso, Alexandre De Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Luiz Fux y Gilmar Mendes. Nunes Marques y André Mendonça se mostraron a favor del plazo.
El miércoles (27), próxima sesión sobre el asunto, los magistrados definirán otros aspectos de la cuestión. Entre los puntos a debatir está la posibilidad de indemnizar a los particulares que adquirieron tierras “de buena fe”. Según el entendimiento, la indemnización por mejoras y tierra bruta se aplicaría a los propietarios que recibieron títulos del gobierno por tierras que deben ser consideradas indígenas.
El caso que suscitó el debate se refiere a la disputa sobre la propiedad del territorio indígena Ibirama, en el estado de Santa Catarina. La zona está habitada por los xokleng, kaingang y guaraní, y la posesión de una parte de la tierra está siendo impugnada por la Fiscalía General del Estado.
