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Sindicalistas y activistas venezolanos condenados a 16 años de cárcel

Los seis activistas fueron condenados por “conspirar” contra el presidente Maduro, según se dijo

Los sindicalistas y activistas venezolanos Reynaldo Cortés, Alfonzo Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fueron condenados este martes a 16 años de cárcel por “conspirar” contra el presidente Nicolás Maduro, se informó en Caracas. Los acusados fueron detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022, cuando protagonizaron protestas en demanda de aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo.

La Coalición por los Derechos Humanos y la Justicia denunció que los dirigentes sindicales eran todos inocentes y que la Fiscalía no presentó “pruebas” suficientes para sostener la acusación. El grupo también argumentó que las condenas se basaban en capturas de pantalla y mensajes escritos en Twitter. Los seis condenados están detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara.

Según el diario Tal Cual, el sindicalista Negrín y los activistas sociales y políticos Astudillo, Cortés y Meléndez fueron aprehendidos por la Policía Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), conocida por sus “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento”.

“La única detención que se ajustó a la 'legalidad' fue la del defensor de derechos humanos Gabriel Blanco, gracias a la presión ejercida por decenas de vecinos del trabajador humanitario y al papel de actores de la sociedad civil, que se mantuvieron alerta ante las actuaciones irregulares de los funcionarios de la DGCIM”, señaló el diario.

La Plataforma Unitaria, que aglutina a buena parte de la oposición, rechazó “esta nueva violación a los derechos humanos” en un juicio “plagado de vicios procesales a seis luchadores sociales que estuvieron al frente de las protestas ejerciendo sus derechos y rechazando las instrucciones emitidas por la Dirección Nacional de Presupuesto durante 2022″.

La ONG Acceso a la Justicia dijo en su cuenta de Twitter que las sentencias de este martes representaban ”el recrudecimiento de la persecución política en Venezuela.”

El Programa Venezolano de Acción Educativa en Derechos Humanos (Provea) calificó de brutal la condena y aseguró que fue una decisión “arbitraria” tomada en un proceso judicial donde “el único testigo de la denuncia nunca compareció en un año y dos meses”.

Yorbelis Oropeza, esposa de uno de los detenidos, destacó en un video difundido este martes que los “venezolanos que creemos en la justicia, que creemos en la verdad, ... vamos a seguir luchando”.

“Mi esposo y los trabajadores sociales fueron castigados simplemente por pedir una mejor calidad de vida”, dijo Oropeza.